El preocupante incremento de los incendios y las quemas ilegales en Tarija, ha puesto nuevamente en el centro del debate la eficacia de la justicia ambiental en el país. En una reciente entrevista, el presidente del Colegio de Abogados, Fernando Valverde, señaló que a pesar de contar con un amplio marco jurídico que incluye la Constitución Política del Estado, el Código Penal y leyes específicas de medio ambiente y gestión de riesgos, estas normativas no se están aplicando de manera efectiva para frenar los siniestros.
El jurista explicó que el principal problema radica en la laxitud de las penas mínimas contempladas en el Código Penal para los delitos de incendio y estragos, las cuales oscilan entre uno y tres años. Este rango permite que los responsables accedan fácilmente a salidas alternativas, tales como el perdón judicial, la suspensión condicional del proceso o procedimientos abreviados, evitando así la prisión efectiva. Incluso en casos de incendios en áreas protegidas, donde las penas van de tres a ocho años, los imputados logran beneficiarse de estas medidas.
La falta de consecuencias reales evita que se genere conciencia en la población, provocando que las quemas de basura y pastizales se repitan año tras año. Ante esta debilidad institucional, el abogado Valverde enfatizó la necesidad urgente de agravar las penas mínimas para cerrar el paso a los beneficios procesales y asegurar sanciones drásticas que protejan la salud pública y el medio ambiente de futuras catástrofes naturales.
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