El diputado chileno Sebastián Videla se encuentra en el país para buscar esclarecer el uso de una camioneta con denuncia vigente por robo en Chile, que fue captada durante un acto oficial encabezado por el gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza.
La polémica surgió tras la difusión de imágenes en redes sociales, en las que se observa una camioneta roja con placa chilena TZWL35 durante un recorrido por la región de Cocapata. En la carrocería del vehículo aparece el gobernador Loza acompañado de otras personas.Según la página Auto Seguro de Chile, esta camioneta “mantiene encargo policial vigente”, lo que significa que tiene una orden de búsqueda activa, por una denuncia de robo.
Ante estos hechos, Videla informó que presentó un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile para que, mediante los canales diplomáticos, solicite al Gobierno de Bolivia esclarecer las circunstancias en las que este vehículo terminó siendo utilizado en una actividad pública.
El parlamentario calificó la situación como «inaceptable» y pidió máxima transparencia, cooperación entre ambos países y la pronta restitución del vehículo a Chile.“Las autoridades bolivianas deben entregar todos los antecedentes y colaborar activamente para determinar cómo llegó esta camioneta a Bolivia, quiénes participaron en su traslado y por qué terminó siendo utilizada por una autoridad regional”, señaló Videla.
En respuesta a las acusaciones, el director Jurídico de la Gobernación de Cochabamba, Nelson Cox, afirmó que el gobernador Leonardo Loza no tiene la responsabilidad de verificar la situación legal de los vehículos que eventualmente puedan ser utilizados durante actividades organizadas por sectores sociales o comunidades que lo invitan.
Cox sostuvo que las visitas del gobernador se desarrollan en el marco de una relación con organizaciones sociales y que ello no implica que deba realizar controles propios de instituciones como la Aduana o Derechos Reales.
Agregó que, si existiera alguna observación sobre un vehículo indocumentado, corresponde a las autoridades competentes realizar las investigaciones respectivas, pero remarcó que no existe fundamento para vincular al gobernador con una conducta delictiva.
Asimismo, rechazó las declaraciones de algunos actores políticos que plantearon la posibilidad de investigar a Loza por presunto encubrimiento o complicidad, al considerar que se busca «criminalizar» las actividades del gobernador y de los sectores sociales con los que mantiene contacto.El director Jurídico también aseguró que todos los vehículos oficiales utilizados para los desplazamientos del gobernador están registrados a nombre del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba.
Añadió que, en ocasiones, durante visitas a comunidades, Loza puede trasladarse en vehículos, motocicletas o embarcaciones facilitadas por la población anfitriona, lo que no constituye un acto ilegal ni genera responsabilidad sobre la situación jurídica de esos medios de transporte.
Finalmente, Cox sostuvo que, si se confirma la existencia de alguna irregularidad relacionada con el vehículo observado en Cocapata, serán las instancias competentes las encargadas de establecer responsabilidades, insistiendo en que no corresponde atribuir responsabilidad al gobernador Loza por ese hecho./El Deber
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