El presidente de la Junta de Padres de Familia, Franklin Arancibia, manifestó su profunda preocupación tras denunciar presuntas irregularidades y favoritismo dentro de las autoridades educativas. La controversia surgió luego de que se emitiera una resolución administrativa que redujo drásticamente la sanción impuesta a un maestro acusado de actos de maltrato.
Según detalló Arancibia, el Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital había determinado inicialmente una sanción de 60 días de suspensión para el docente involucrado. Sin embargo, al elevarse el caso a la Dirección Departamental de Educación mediante un auto de revisión, la penalidad fue rebajada a tan solo 30 días, decisión que ha generado desconcierto e indignación entre la comunidad escolar.
Uno de los puntos más críticos señalados por el dirigente es la falta de transparencia en la notificación de este fallo. Se dio a conocer que la resolución emitida por la Dirección Departamental fue notificada exclusivamente al profesor procesado, omitiendo por completo a los denunciantes, quienes son los padres de familia de los tres menores de edad afectados.
Ante esta situación, Arancibia cuestionó abiertamente el accionar institucional y puso sobre la mesa interrogantes sobre si existen «maestros de primera y de segunda» ante la normativa. Asimismo, hizo un llamado a los maestros y a la Federación de Maestros para evaluar si se está aplicando la «ley del embudo» en el juzgamiento de estos casos procesales.
Deja una respuesta