Representantes y activistas de derechos humanos alzaron la voz para alertar sobre la crítica situación de vulnerabilidad que atraviesan las personas de la tercera edad privadas de libertad en el penal de Morros Blancos. Según Teresa Rojas en declaraciones a los medios de comunicación, existen cerca de 70 adultos mayores recluidos, muchos de los cuales se encuentran en detención preventiva y sin una sentencia definitiva debido a la constante retardación de justicia.
La vocera del sector señaló, que este hacinamiento se agrava por el aplazamiento continuo de audiencias y la burocracia judicial. Criticó además que, en diversos casos, la Ley 348 es utilizada para interponer denuncias falsas promovidas por rencores o desavenencias personales, derivando en detenciones inmediatas sin una investigación previa ni una adecuada valoración de pruebas.
Esta falta de celeridad impacta gravemente en la salud física de los ancianos, quienes viven en condiciones inhumanas y sin un espacio adecuado. Ante este panorama, hicieron un llamado urgente a los jueces y autoridades judiciales para agilizar las solicitudes de salida a centros sanitarios, priorizando el derecho a la vida por encima de la carga laboral del sistema.
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