Las comisiones técnicas de las gobernaciones del país concluyeron una serie de evaluaciones sobre la crisis económica regional, planteando exigencias puntuales al Gobierno Central para aliviar el déficit presupuestario y garantizar la sostenibilidad fiscal en las regiones de cara a la gestión 2027.
El secretario de Economía y Finanzas de la Gobernación de Tarija, Fernando Romero, informó que entre las principales demandas destaca la solicitud de incrementar al 15% la participación tributaria a favor de las gobernaciones sin afectar los ingresos de municipios, universidades ni gobiernos indígenas originarios campesinos. Esta medida representaría un flujo de aproximadamente 7.000 millones de bolivianos distribuidos entre las nueve regiones.
Asimismo, Romero enfatizó la necesidad de abrogar la Ley 767 para la devolución del 12% de retención de recursos, lo que para Tarija significaría un ingreso de 6,8 millones de bolivianos de forma inmediata y más de 88 millones acumulados desde 2016. A esto se suma el pedido de suspender la Ley 2535/2026, evitando que las regiones asuman cargas financieras nacionales como el bono de vacunación, prediarios y títulos de bachiller, gastos que generan un débito imprevisto de hasta 14 millones de bolivianos.
»Existe poca voluntad política por parte del Ejecutivo nacional para frenar los débitos automáticos. Es irrazonable que las gobernaciones financien oficinas de alcance nacional», señaló la autoridad.
Finalmente, las comisiones técnicas acordaron reunirse a finales de mes en Santa Cruz para consolidar un documento definitivo y exhortaron a las brigadas parlamentarias a respaldar las gestiones por el desarrollo regional.
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