El vocero presidencial, José Luis Gálvez, respondió este domingo a los anuncios de movilizaciones que se generaron después de la eliminación de la subvención del diésel y convocó nuevamente al diálogo a todos los sectores en emergencia.
De hecho, autoridades del gobierno nacional y de Santa Cruz empezaron a reunirse con algunos sectores de transportistas de esa región del país y Gálvez remarcó que “este es el camino que tenemos que adoptar todos los bolivianos” para solucionar los conflictos mediante el diálogo y la presentación de propuestas.
“Se están atendiendo absolutamente todos los temas planteados. Si nos sentamos a conversar, vamos a lograr soluciones en Santa Cruz y en el resto del país. Los que no se quieran sentarse a conversar es que tienen una decisión política”, dijo.
Aseguró que los sectores que no quieren dialogar “están mintiendo al pueblo” como si el fin de la subvención hubiera sido un “deseo” del gobierno.
Sin embargo, “es una realidad que tenemos que confrontar. No se puede comprar caro y vender barato haciendo creer que esto es sostenible por siempre. El anterior gobierno ya se comió los 15 mil millones (de dólares) que había en reservas”, indicó.
El funcionario señaló que el pasado gobierno “mal utilizó” todo el dinero que había en reservas para sostener la subvención de los carburantes porque era “algo que le convenía” para “robar”.
Ahora “la respuesta (ante los anuncios de movilizaciones) es sentarnos a conversar. No castiguemos a la población, no mezclemos las demandas sociales y las preocupaciones legítimas que todos tenemos con la intencionalidad política que puede direccionar (…) a repetir los 53 días (de paro de mayo y junio)”, agregó.
Aunque también consideró que, después de ese prolongado conflicto que asfixió al país, ahora “nadie quiere volver a validar un esquema político que busca la ruptura del orden constitucional y que castiga a la gente sin alimentos, sin combustibles, sin medicinas y cobra vidas humanas”.
La noche del viernes 18 de septiembre, el presidente Rodrigo Paz anunció la eliminación de la subvención del diésel y mediante el Decreto Supremo 5716 se estableció el litro de ese combustible en Bs 17,95.
La determinación provocó una ola de reacciones. Algunos sectores se declararon en emergencia y convocaron a reuniones o ampliados; otros aumentaron el costo de sus servicios de manera inmediata, como los buses interdepartamentales o los micros de algunas ciudades que usan diésel.
Los avicultores anunciaron que subirán el precio del pollo y también en los mercados se evidenció el incremento del costo de algunos alimentos.
Incluso, algunos otros sectores, como las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba —bastión del expresidente Evo Morales — anunciaron movilizaciones desde el lunes en demanda de la abrogación del decreto del “dieselazo”.
Gálvez afirmó que “las decisiones políticas, que vengan desde el Chapare o cualquier otro lugar, lo que quieren es seguir castigando al pueblo boliviano” y que se responderá con firmeza (está vigente el estado de excepción en Bolivia).
Pero el incremento del precio del diésel “es un acto de honestidad y sinceridad. No es un problema que solo están viviendo los bolivianos. El problema lo tiene Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, todos nuestros vecinos. Por favor, examinen qué está pasando en España, en Francia, en Tailandia, es un problema (internacional)”, añadió el vocero presidencial.
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