El hermano Miguel Sotelo advierte sobre la presencia del narcotráfico y la falta de recursos del Estado para garantizar condiciones dignas e imparcialidad dentro del sistema penitenciario.
La situación en los centros penitenciarios de Bolivia vuelve a encender las alarmas de la opinión pública. En una reciente entrevista concedida a la red PlusTLT, el hermano Miguel Sotelo, representante de la Pastoral Carcelaria del Penal de Morros Blancos, ofreció un estremecedor balance sobre las condiciones de violencia, abandono e inseguridad que se viven en el interior del recinto penitenciario.
Según Sotelo, los esfuerzos institucionales han sido insuficientes para frenar el deterioro dentro del penal, el cual se encuentra sumido en una dinámica dominada por factores externos de poder criminal. «Los penales en Bolivia están manejados en muchas ocasiones por fuerzas externas como el narcotráfico y redes de corrupción que alcanzan a los propios efectivos policiales», señaló con preocupación, describiendo la estructura policial interna como un «cuerpo enfermo» debido a la extorsión y el afán de lucro económico.
Asimismo, el representante pastoral visibilizó las deficiencias operativas extremas que enfrenta la institución penitenciaria. Con más de 11 años de labor continua en el recinto, Sotelo afirmó que no ha presenciado inversiones significativas por parte de Régimen Penitenciario. La escasez es tan aguda que los propios funcionarios carecen de insumos elementales como papel para elaborar los trámites e informes administrativos requeridos para el seguimiento de los reclusos.
Esta precariedad se traduce en un hacinamiento crítico, donde los más perjudicados continúan siendo los privados de libertad. Sotelo remarcó que existe un número considerable de internos inocentes afectados por procesos judiciales cuestionables y marcos normativos que considera desequilibrados. En ese sentido, cuestionó legislaciones como la Ley 348 y proyectos afines, argumentando que han provocado divisiones sociales en lugar de construir justicia equitativa.
Frente a esta crítica realidad, la Pastoral Carcelaria insiste en la necesidad urgente de encarar reformas estructurales que garanticen la transparencia institucional, respeten los derechos fundamentales de los reclusos y promuevan una convivencia social fundamentada en la equidad.
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