La eliminación de la subvención al diésel derivó en un cambio de estrategia para las mafias del contrabando de combustible en el país. Según reveló el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, las redes ilícitas volcaron sus operaciones hacia la gasolina, utilizando como fachada a vehículos con sistema de Gas Natural Vehicular (GNV) para acaparar el carburante y desviarlo al mercado negro.
La maniobra fue al descubierto mediante el monitoreo en tiempo real de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). El análisis B-SISA arrojó que, mientras un vehículo de transporte público a gasolina consume en promedio 110 litros mensuales, varios automotores a GNV registraban consumos injustificados de hasta 337 litros al mes, superando el triple del volumen habitual.
Inhabilitación digital inmediata y rastreo en vivo
Durante una demostración del procedimiento de inhabilitación digital de placas, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco Quintanilla, lanzó una advertencia directa a los involucrados en este esquema:
«Advertimos a los usuarios que los estamos vigilando. Vehículo que presente consumo irracional será bloqueado del sistema y los conductores o propietarios serán remitidos al Ministerio Público».
Como parte de las medidas tecnológicas de fiscalización tras la intervención a la ANH dispuesta por el presidente Rodrigo Paz, el sistema B-SISA ha permitido el bloqueo preventivo de placas con patrones sospechosos. En paralelo, la entidad estatal logró agilizar los trámites de importación legal reduciendo los plazos de autorización a 48 horas, lo que permitió emitir 37 nuevas licencias de comercialización y consumo propio en septiembre.
Prisión para revendedores y pérdida de licencias para surtidores
Las implicaciones legales del contrabando a través de este modus operandi no solo alcanzan a los conductores, sino también a la cadena de distribución. El viceministro Yamil García informó sobre las consecuencias penales contempladas en el Artículo 226 Bis del Código Penal y las acciones administrativas en curso:
- Penas de 3 a 6 años de prisión: Para quienes almacenen o comercialicen carburantes sin autorización.
- Penas de 2 a 4 años de cárcel: Para las personas que adquieran combustible proveniente del mercado negro o revendedores ilegales.
- Incautación de bienes: Decomiso inmediato de los vehículos e instrumentos utilizados para el delito.
- Sanción a estaciones de servicio: Pérdida definitiva de la licencia de funcionamiento para los surtidores cómplices en la alteración de volúmenes o desvío de hidrocarburos.
Hasta la fecha, el despliegue de fiscalización ha dejado un saldo de 31 personas aprehendidas, 24 vehículos incautados y 8 motorizados identificados con tanques adulterados. Con estas acciones, las autoridades aseguran haber frenado el desvío de más de 14,43 millones de litros de combustible en su primer mes de intervención. RED UNO
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