El Ministerio Público en Bolivia atraviesa un momento crucial donde se exige estricto apego a la legalidad y respeto a la institucionalidad del Estado. Ante la reciente promulgación de la ley que designa a una nueva autoridad interina en la Fiscalía General del Estado, el presidente del Colegio de Abogados, Fernando Valverde, expresó su firme postura sobre la obligatoriedad y el cumplimiento inmediato de esta normativa aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional durante el fin de semana.
Desde la institución representativa de los juristas, se enfatizó que el Ministerio Público es una de las columnas fundamentales del sistema de justicia boliviano y no puede permanecer acéfalo bajo ningún motivo. La ley promulgada cuenta con la presunción de constitucionalidad, un principio jurídico que establece que toda norma dictada por el Órgano Legislativo es de cumplimiento obligatorio para todos los ciudadanos y servidores públicos en el territorio nacional, en tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional no emita un fallo en contrario.
Las declaraciones vertidas advierten que pretender desconocer a una autoridad legalmente designada trasciende el marco jurídico para ingresar en el terreno de la especulación y el conflicto político. Por esta razón, se instó a las instancias correspondientes a proceder sin dilaciones con la posesión oficial del nuevo Fiscal General. Esta medida busca dar certeza legal e institucional a la población dentro del plazo de 90 días establecido para el mandato interino.
Finalmente, el sector legal remarcó que la certidumbre en el Ministerio Público debe ser tan solo el primer paso hacia una reestructuración integral de la justicia boliviana. El Colegio de Abogados reiteró la urgencia de impulsar reformas profundas en la elección de autoridades, abarcando de manera conjunta y coordinada a los tres pilares del sistema judicial: jueces, fiscales y la Policía Nacional, para garantizar un servicio transparente y transparente para toda la sociedad.
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