La aprobación del Plan Operativo Anual (POA) en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija ha quedado envuelta en una severa polémica jurídica y política. Tras una jornada de deliberación que parecía avanzar con serenidad, el pleno sancionó la ley del POA incorporando a última hora una disposición transitoria que reasigna cuatro millones de bolivianos entre diferentes partidas presupuestarias. La medida fue catalogada por el asambleísta departamental Marco Gutiérrez como una flagrante vulneración al marco legal vigente y un “capricho político” que pone en riesgo la institucionalidad del departamento.
En entrevista exclusiva para la Red Plus TLT, Gutiérrez explicó que, si bien la sesión transcurrió inicialmente bajo un ambiente de debate respetuoso e intercambio constructivo de ideas, el tramo final se vio empañado por la imposición unilateral de dicha cláusula. “Se les ocurrió incrustar en esa ley una disposición transitoria que es ilegal, por más buena o mala intención que tenga en su contenido. La Asamblea Departamental no puede modificar el POA ni mover un solo peso de una partida a otra; esa no es su competencia”, aseveró con contundencia la autoridad.
El legislador fundamentó su postura citando el Estatuto Autonómico Departamental de Tarija, el cual delimita con claridad las funciones del Ente Legislativo y del Órgano Ejecutivo. Según la normativa autonómica, el Ejecutivo tiene la atribución exclusiva de elaborar y modificar el presupuesto regional, mientras que la Asamblea se limita a fiscalizar, observar y aprobar el documento final.
“Si la Asamblea detecta alguna irregularidad u observación técnica, el procedimiento correcto es remitir esos cuestionamientos al Ejecutivo para que este realice los ajustes correspondientes y devuelva el documento para su posterior aprobación. Lo que han hecho ayer es un dibujo libre; actuaron como si el presupuesto fuera su billetera y no la del pueblo, sin ningún criterio técnico y desconociendo completamente el marco jurídico”, recriminó Gutiérrez.
El conflicto cobra mayor gravedad debido al factor tiempo, ya que el plazo perentorio para la remisión oficial del POA vence de manera inminente. Ante este escenario, se prevé que la Gobernación observe y devuelva la ley sancionada para subsanar los vicios de ilegalidad. Gutiérrez advirtió que la responsabilidad de cualquier retraso que ponga en riesgo la gestión presupuestaria departamental recaerá exclusivamente sobre los sectores que impulsaron esta maniobra, exhortando a respetar la separación de poderes para evitar mayores confrontaciones institucionales.
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