La captura de dos presuntos líderes del PCC en Santa Cruz quedó marcada por obstáculos y filtraciones

Un seguimiento que comenzó con agentes encubiertos en un gimnasio terminó con la captura, en Santa Cruz de la Sierra, de dos hombres buscados en Brasil y señalados como integrantes de alto rango del Primeiro Comando da Capital (PCC). 

La operación, que involucró a policías brasileños, la Felcn de Bolivia y un agente de la DEA, estuvo acompañada por alertas anticipadas, restricciones para ejecutar allanamientos y denuncias sobre posibles redes de protección al crimen organizado.

Los detalles fueron revelados por Fábio Pinheiro Lopes, jefe de la División de Operaciones Policiales Estratégicas de la Policía Civil de San Pablo, en una entrevista difundida por SBT News. Según su relato, los equipos brasileños siguieron durante días los movimientos de Roberto Prieto Filho, conocido como “Betinho da Baixada”, y Márcio Barbosa da Silva, conocido como “Beiço de Mula”, hasta ver una oportunidad para detenerlos.

La operación tuvo como principal objetivo a Betinho. Beiço de Mula apareció en el mismo escenario durante la investigación y terminó también bajo custodia. Ambos fueron posteriormente expulsados de Bolivia y trasladados a Brasil. Lopes no dio fechas de la mayoría de los hechos que relata, según se infiere, por motivos propios de la investigación, no obstante, deja inferir que todo se dio a fines de septiembre.

Detalles

Los investigadores recurrieron a vigilancia discreta para conocer las rutinas de los sospechosos. Parte del seguimiento se realizó en un gimnasio al que acudían los hombres, donde agentes encubiertos buscaban información sin llamar la atención.

Pero la operación estuvo a punto de quedar expuesta. Lopes afirmó que los sospechosos llegaron a conocer la identidad de algunos policías brasileños infiltrados porque alguien les habría proporcionado sus nombres y fotografías. “Se enteraron de nuestros agentes; alguien de la academia (policial brasileña) les facilitó sus nombres y fotos”, relató el jefe policial, según la entrevista difundida por SBT News.

La investigación también permitió establecer que Betinho se movilizaba por sectores residenciales de Santa Cruz y llevaba una vida que, según los investigadores brasileños, no correspondía con la condición de prófugo que mantenía en su país.

Uno de los episodios que más interrogantes deja sobre la operación ocurrió antes de los allanamientos. De acuerdo con Lopes, la Felcn gestionó cerca de las 10:00 las solicitudes para intervenir el departamento donde se encontraba Betinho, en el piso 13 de un edificio, y otro inmueble relacionado con su esquema de seguridad.

Sin embargo, alrededor de una hora después, el sospechoso habría recibido información sobre el procedimiento. Lopes aseguró que Betinho reconoció posteriormente que había sido advertido. El aviso, según su versión, le permitió ordenar a personas de su entorno que retiraran armas, limpiaran el departamento y trasladaran vehículos a otro condominio.

La denuncia no identifica quién habría proporcionado la información. Tampoco establece, por sí sola, que hubiera existido una filtración desde una institución boliviana. Para determinarlo se requeriría establecer quién conocía las órdenes, cuándo tuvo acceso a ellas y qué funcionarios participaron en las diligencias.

La captura cambió de escenario

Las condiciones para ejecutar los allanamientos también habrían limitado la acción de los investigadores. Lopes sostuvo que los agentes no tenían autorización para ingresar por la fuerza a determinados inmuebles, romper candados o intervenir algunos vehículos.

Ante esa situación, decidieron mantener la vigilancia. La oportunidad apareció alrededor de las 13:00. Una camioneta salió del garaje del edificio y se dirigió hacia un restaurante. Dos hombres bajaron del vehículo y entraron al establecimiento, mientras el motorizado continuó circulando por la zona.

Una agente de la Felcn ingresó al restaurante como una cliente y tomó fotografías de los sospechosos. Las imágenes fueron enviadas a Lopes, quien identificó a Betinho.

En el caso de Beiço de Mula, la captura se produjo en otro operativo realizado el 19 de septiembre, también en Santa Cruz, con participación de la Felcn y coordinación con autoridades brasileñas. Según las investigaciones de ese país, era considerado un presunto integrante del núcleo de dirección del PCC y tenía una orden de captura por delitos vinculados con organización criminal y porte ilegal de armas.

Un vehículo que no pudo ser revisado

La intervención de un Honda blanco también quedó bajo observación. Los investigadores sospechaban que el motorizado, relacionado con el entorno de seguridad de Betinho, podía transportar fusiles AK-47.

Sin embargo, según Lopes, las restricciones existentes impedían abrir el vehículo o romper sus vidrios para verificar su interior.

El episodio plantea otra interrogante que deberá ser aclarada con la documentación oficial: qué establecían exactamente las órdenes judiciales y bajo qué condiciones podían los agentes intervenir los inmuebles y vehículos relacionados con los sospechosos.

Las acusaciones sobre redes de protección

Durante la entrevista, Lopes fue más allá de los detalles de la captura y describió lo que, desde su perspectiva, constituye un problema de mayor alcance: la presencia de organizaciones criminales brasileñas en Bolivia y las dificultades para combatirlas.

El jefe policial habló de sospechas sobre integrantes del PCC y del Comando Vermelho que habrían encontrado refugio en Santa Cruz. También mencionó posibles vínculos con personas del ámbito institucional boliviano y presuntas irregularidades en registros judiciales.

Según su relato, al menos 20 presuntos integrantes de alto rango del PCC habrían sido favorecidos por modificaciones o desaparición de información relacionada con órdenes de aprehensión. Los investigadores, dijo, tuvieron que verificar individualmente los mandamientos para confirmar la situación jurídica de los dos hombres capturados.

La sola ausencia de una orden en una base de datos, sin embargo, no demuestra una manipulación. Para establecer si hubo alteraciones deliberadas serían necesarias auditorías técnicas que permitan identificar accesos, modificaciones y responsables.

La referencia a Marset y Mariaca

Lopes también mencionó al exfiscal general Roger Mariaca al referirse a supuestas estructuras de protección al narcotráfico. Afirmó que durante su permanencia en Santa Cruz recibió información de un periodista boliviano sobre personas que presuntamente estarían relacionadas con una red de protección al crimen organizado.

Además, sostuvo que el PCC habría mantenido vínculos con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y afirmó que este habría “entregado” a Mariaca.

Estas afirmaciones forman parte del testimonio del jefe policial brasileño y requieren ser contrastadas con documentos y actuaciones oficiales. No constituyen, por sí mismas, una prueba de responsabilidad penal de las personas mencionadas.

Este caso se conoce mientras en Bolivia se vive una ola de violencia e inseguridad, centrada sobre todo en Santa Cruz, y que autoridades remiten, en la mayoría de los casos, a disputas territoriales entre el PCC y el Comando Vermelho.

Además, coincide con el escándalo tras la revelación de una red de corrupción y presunta protección al narcotráfico, que le costó el cargo a Marica, quien cumple detención preventiva de seis meses. /BRÚJULA NOTICIAS


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