El municipio de El Puente se encuentra en una situación crítica debido a los graves efectos del cambio climático y la escasez hídrica. Hilarión Centeno, ejecutivo de la Central Campesina del municipio de El Puente, llegó a la capital departamental para visibilizar la alarmante realidad que atraviesan las familias del área rural, donde la falta de agua ya no solo compromete la producción agrícola, sino también la subsistencia básica de los pobladores y sus animales.
Durante una entrevista concedida a los medios de comunicación locales, Centeno detalló que las 63 comunidades que componen el municipio están sufriendo los estragos de la sequía de manera generalizada. El caudal de las fuentes de agua ha disminuido drásticamente, dejando a varias localidades sin el líquido elemento para el consumo humano ni para el riego de sus cultivos, un panorama desolador que amenaza la seguridad alimentaria de la región.
Ante este escenario adverso, las organizaciones campesinas sostuvieron un ampliado de emergencia el pasado 28 de octubre. En dicho encuentro se evaluó la magnitud del problema y se establecieron líneas de acción directa con las autoridades políticas locales, incluyendo al Gobierno Municipal y a la Subgobernación, con el propósito de coordinar el traslado urgente de agua potable mediante cisternas hacia las zonas más desprotegidas.
Los dirigentes campesinos enfatizaron que la asistencia inmediata es vital, pero remarcaron la necesidad imperiosa de diseñar un plan de contingencia a mediano y largo plazo. La complejidad de los pronósticos climáticos exige que las instituciones públicas destinen recursos y logística de manera permanente para paliar las consecuencias de la sequía en el municipio.
Por otro lado, el ampliado provincial abordó otra gran amenaza que golpea a la región: la contaminación ambiental de la cuenca del río San Juan del Oro a causa de la actividad minera. Centeno denunció que, pese a haber presentado un proyecto de ley ante la Brigada Parlamentaria y la Asamblea Departamental para frenar la explotación de minerales, hasta la fecha no se ha obtenido una respuesta favorable.
En respuesta a la falta de acción legislativa, las bases emitieron un voto resolutivo en el que rechazan de manera categórica la minería, tanto legal como ilegal, en el territorio. Asimismo, exigieron a la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación que intervenga inmediatamente con investigaciones exhaustivas. Los comunarios advirtieron que si las instituciones competentes no suspenden las autorizaciones y frenan el ingreso de empresas o particulares dedicados a la explotación minera, las medidas de presión por parte del sector campesino se endurecerán en defensa de sus recursos naturales, la salud y la vida en el valle tarijeño.
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