En un pronunciamiento que marca un punto de alta tensión política para la región, el asambleísta departamental Marco Gutiérrez, expresó el rotundo rechazo de su sector a la última propuesta del Gobierno Nacional sobre la redistribución de la coparticipación tributaria. La autoridad calificó como «inaceptable» y «contradictoria» la intención de asignar apenas un 1% de dichos recursos a los gobiernos departamentales, distanciándose abismalmente del discurso oficialista que en reiteradas ocasiones manejó consignas de equidad e igualdad en la asignación presupuestaria.
Durante una conferencia de prensa emitida por la Red Plus TLT, Gutiérrez cuestionó con dureza el esquema actual de centralización de fondos, recordando que la mayor parte de la coparticipación tributaria proviene del esfuerzo y el aporte impositivo de los ciudadanos en las regiones. Para el asambleísta, resulta inentendible que, pese a que los gobiernos departamentales arrastran una pesada carga de competencias administrativas y sociales asignadas por ley, la administración central mantenga retenidos los recursos fundamentales para su operatividad y desarrollo, privando a los departamentos del oxígeno financiero indispensable.
Frente a este escenario considerado asfixiante para el sur del país, la Asamblea Departamental se ha declarado en estado de alerta y movilización institucional. En este sentido, Gutiérrez respaldó de manera firme la postura planteada por la gobernadora María René Soruco, la cual establece que, de cara a la próxima gestión fiscal, el porcentaje de coparticipación destinado a las regiones no debería ser inferior al 5%.
Desde la perspectiva del legislador departamental, esta exigencia no solo es técnicamente factible, sino que representa el único camino viable hacia la consolidación de una verdadera justicia fiscal en el país. El centralismo, argumentó, ha demostrado causar un daño acumulativo profundo a los departamentos, debilitando su capacidad de respuesta ante las demandas ciudadanas más urgentes en materia de salud, infraestructura, desarrollo productivo y servicios básicos.
El asambleísta recordó que la conquista de las autonomías departamentales no fue un regalo institucional, sino el fruto de jornadas de lucha inclaudicable protagonizadas por la sociedad civil y diversos líderes locales que hoy ocupan cargos de alta responsabilidad en el aparato estatal. En consecuencia, lanzó un llamado severo a la congruencia ideológica y política, exigiendo que quienes en el pasado abanderaron las reivindicaciones autonómicas de Tarija actúen hoy en estricta consecuencia con esos ideales desde el Gobierno Nacional, intercediendo para evitar que las regiones sigan siendo marginadas del presupuesto general.
Finalmente, desde la Asamblea Departamenta,l se ha emitido una convocatoria abierta a todas las fuerzas políticas, cívicas e institucionales del departamento para deponer diferencias partidarias y unificar criterios en defensa de los intereses económicos de Tarija. La consigna es clara: exigir al nivel central del Estado coherencia entre el discurso de descentralización y los hechos presupuestarios concretos.
El pulso por los recursos de coparticipación tributaria apenas comienza, y el bloque departamental advierte que no cederá en su exigencia de lograr una distribución equitativa que garantice la viabilidad económica y el progreso sostenible de toda la región tarijeña.
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