Cinco cheques por Bs 95,8 millones salieron de la Caja Nacional de Salud (CNS) en 2023 y quedaron en manos de cuatro funcionarios, según denunció el viceministro de Transparencia, Yamil García. La autoridad anunció acciones penales por esas operaciones y por presuntos cobros a trabajadores del Instituto Nacional de Estadística (INE) en Potosí.
En la CNS, el dinero debía utilizarse para adquirir medicamentos e insumos. Sin embargo, García sostuvo que se entregó como «fondos en avance», un mecanismo para gastos menores y urgentes, sin los procesos de contratación correspondientes.
La denuncia se apoya en informes de la Contraloría y de Auditoría Interna. Según el viceministro, tampoco se acreditó la emergencia invocada para justificar los desembolsos. Constantino Carlos Colque Huarachi recibió dos cheques que sumaban unos Bs 42 millones, detalló.
“Existe una compra aparente, pero no existe la verificación física de que efectivamente se hayan adquirido esos medicamentos y esos insumos”, afirmó García. Transparencia pidió a la Unidad de Investigaciones Financieras rastrear los recursos para determinar su destino y beneficiarios.
Por separado, el abogado Abel Loma vinculó el caso con el exdirigente de la COB, Juan Carlos Huarachi, y pidió investigar a su entorno por presunta legitimación de ganancias ilícitas. Afirmó que denunció irregularidades hace dos años.
Cobros en el INE Potosí
En el INE, el rastreo financiero identificó Bs 584.510 en movimientos de la exadministradora departamental y Bs 135.570 del exencargado, que suman Bs 720.080. García indicó que esos recursos no corresponderían al perfil económico de ambos.
La investigación comenzó tras una denuncia anónima que alertó sobre aportes exigidos al personal para una campaña política en junio de 2025. El viceministro señaló que revisaron los movimientos de la gestión de las exautoridades.
Según el reporte, parte del dinero procedía de funcionarios y proveedores. También se detectaron inmuebles y cuentas bancarias que no figurarían en declaraciones juradas. La denuncia alcanza a las dos exautoridades y otros dos presuntos recaudadores.
El caso está en la Fiscalía de Potosí por presunto enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias ilícitas, concusión y falsedad en las declaraciones patrimoniales. / EL DEBER
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