Ante la falta de respuestas y el retraso en el desembolso de recursos económicos que debieron entregarse a mediados de año, el sector de la salud pública entra en una fase de mayor tensión. Los trabajadores en salud del departamento han confirmado la radicalización de sus medidas de presión con un paro movilizado de 72 horas que afectará los días miércoles, jueves y viernes de esta semana con la participación activa de delegaciones provenientes de las diferentes provincias del departamento.
La máxima representante del sindicato, Lourdes Carrazana, ofreció declaraciones a la Red Departamental Plus Tlt para explicar el trasfondo de este conflicto laboral que mantiene en alerta al sistema sanitario local. Durante su intervención, la dirigente inició pidiendo disculpas a la población tarijeña por los inconvenientes que estas extremas medidas puedan ocasionar en la atención cotidiana, pero enfatizó que el sector ha demostrado una paciencia prolongada sin obtener soluciones concretas por parte de las autoridades competentes.
El núcleo central del reclamo gira en torno al denominado bono de vacunación, un beneficio económico que, de acuerdo con los plazos establecidos, debió ser cancelado a los trabajadores a más tardar el pasado 7 de julio. Sin embargo, a medida que transcurren los meses y se acerca el cierre de la gestión anual, los desembolsos continúan paralizados. Tras haber cumplido previamente con paros escalonados de 24 y 48 horas durante las semanas anteriores, las bases sindicales decidieron endurecer su postura ante la inminencia del cierre contable de fin de año, periodo en el cual los trámites administrativos y presupuestarios se vuelven críticos.
Carrazana, detalló además que, conforme a la normativa vigente enmarcada en la Ley 1771, esta obligación y su respectiva competencia corresponden al nivel nacional y no de manera directa a la Gobernación departamental. Pese a esta delimitación de responsabilidades, la dirigencia lamenta el total silencio y la falta de gestión por parte del Ministerio de Salud. Según indicó, la cartera de Estado se limita a argumentar que la ley no está completamente reglamentada, una justificación que los trabajadores consideran inaceptable tras meses de espera y ante la cercanía del fin de año fiscal.
El conflicto no es un caso aislado de la región tarijeña. A nivel nacional, la problemática afecta de forma masiva: seis gobernaciones se encuentran completamente movilizadas y seis departamentos ya han procedido a cancelar el beneficio, evidenciando una marcada desigualdad y falta de coordinación centralizada que perjudica directamente al personal de salud en el resto del país.
La movilización también pone sobre la mesa cuestionamientos más amplios hacia la administración del Ministerio de Salud. La dirigente sindical recordó los pronunciamientos previos de la directora de la institución, la doctora Sara Cuevas, quien denunció que existían compromisos asumidos que tampoco fueron honrados. Entre ellos figuraba la dotación de ítems de salud comprometidos para la gestión y destinados al doctor Paul Castellanos, los cuales debían canalizarse de manera directa a los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) para una asignación transparente y acorde a las necesidades técnicas, evitando la discrecionalidad en su distribución con nombres y apellidos desde el nivel central. La falta de llegada de más de dos centenares y medio de ítems previstos ha colmado la paciencia del sector.
Esta situación crítica ha generado eco en las esferas legislativas y de representación política. Recientemente, el presidente de la brigada parlamentaria solicitó formalmente la interpelación de la ministra del área debido al incumplimiento sostenido de los acuerdos asumidos a lo largo del año con el sector salud en el departamento.
A pesar de la contundencia de las medidas de protesta que incluirán marchas masivas por las calles de Tarija y el despliegue de brigadas provinciales, el sindicato ratificó su compromiso con la ciudadanía al asegurar que los servicios de emergencias en todos los centros de salud permanecerán plenamente habilitados y cubiertos por personal asignado en diferentes zonas estratégicas. Los dirigentes insisten en que las puertas del diálogo no se han cerrado, pero exigen una respuesta inmediata del Ministerio de Salud para evitar que el conflicto continúe escalando en detrimento de los trabajadores y de los usuarios del sistema público.

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