23 celulares, $us 3,9 millones y vínculos con el PCC: las pruebas obtenidas en Bolivia que complican a Marset en EEUU

La captura de Sebastián Marset en Santa Cruz, el 13 de marzo de 2026, permitió a las autoridades estadounidenses acceder a dispositivos electrónicos y obtener declaraciones que ahora forman parte de la evidencia central del proceso que enfrenta en el Estado de Virginia. Un juez federal rechazó los recursos de la defensa que buscaban excluir esas declaraciones y las pruebas físicas derivadas de ellas, por lo que el material podrá mantenerse en el proceso rumbo al juicio previsto para el 11 de enero de 2027.

La resolución del juez Rossie Alston Jr., a la que tuvo acceso EL DEBER, representa un revés para el uruguayo, que alegaba que los agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) vulneraron sus derechos Miranda al interrogarlo sin la presencia de un abogado en suelo boliviano. El magistrado concluyó que el Gobierno de EEUU demostró que no hubo una vulneración de esos derechos ni coacción para obtener sus declaraciones.

Entre los elementos incorporados a la investigación figuran 23 teléfonos celulares, dos iPads y una computadora MacBook incautados durante el operativo en Bolivia y posteriormente entregados a agentes estadounidenses. Según documentos de la Fiscalía, Marset identificó algunos de esos equipos como propios, proporcionó contraseñas y permitió que los investigadores revisaran su contenido.

Casi $us 4 millones en criptomonedas

Uno de los hallazgos que más comprometen al uruguayo, según la versión de los fiscales, es la identificación de tres celulares con tres billeteras digitales con aproximadamente 3,96 millones de dólares en criptomonedas.

Los investigadores encontraron una billetera con alrededor de $us 1,5 millones, otra con $us 1,43 millones y una tercera con aproximadamente $us 1,03 millones. De acuerdo con el relato fiscal, Marset reconoció que esos recursos provenían de las ganancias obtenidas mediante el tráfico de cocaína en Bolivia.

Cuando los agentes le preguntaron dónde estaba el resto de su dinero, Marset habría respondido que prefería reinvertir sus ganancias en la compra de droga. Según esa misma declaración, afirmó que tenía recursos invertidos en aproximadamente 10 toneladas de cocaína en Bolivia.

El expediente no identifica los lugares donde supuestamente se encontraba ese cargamento ni señala que esas 10 toneladas hayan sido incautadas. Se trata de una declaración atribuida a Marset por la Fiscalía estadounidense, no de una cantidad de droga recuperada por las autoridades.

El PCC y el tráfico de armas hacia Bolivia

Otra de las declaraciones atribuidas a Marset apunta al Primer Comando de la Capital (PCC), organización criminal brasileña. Según el documento presentado por los fiscales, el uruguayo manifestó que esa estructura traficaba entre el 80% y el 90% de las armas que llegaban a Bolivia.

La afirmación adquiere relevancia en el contexto de las investigaciones sobre la presencia de organizaciones criminales brasileñas en territorio boliviano y sus posibles conexiones con redes internacionales de narcotráfico.

La Fiscalía estadounidense también sostiene que la organización atribuida a Marset obtenía cocaína en Bolivia, Perú y Colombia para trasladarla principalmente a mercados europeos, mediante rutas que incluían puertos de Brasil, Paraguay y Uruguay.

Se expone a cadena perpetua

El proceso contra Marset comenzó con cargos relacionados con lavado de dinero, pero posteriormente la Fiscalía incorporó acusaciones por conspiración para cometer narcoterrorismo y conspiración para traficar cocaína mediante embarcaciones sujetas a la jurisdicción estadounidense.

La acusación sostiene que el uruguayo dirigía una estructura internacional dedicada al tráfico de cocaína y al lavado de las ganancias obtenidas de esa actividad. También lo vincula con organizaciones criminales como el PCC y el Clan del Golfo de Colombia.

Por la gravedad de los cargos incorporados, la legislación estadounidense contempla la cadena perpetua como pena máxima. Sin embargo, esa sanción no es automática: dependerá de que Marset sea declarado culpable y de la decisión que adopte el juez al momento de dictar sentencia.

La defensa de Marset aún cuestiona otras pruebas

Aunque el juez rechazó los recursos relacionados con las declaraciones de Marset y las pruebas físicas derivadas de ellas, todavía quedan asuntos pendientes en el proceso.

La defensa cuestiona la utilización de mensajes cifrados de la plataforma Sky Global y busca excluir esas comunicaciones. Por su parte, la Fiscalía solicitó autorización para presentar mensajes interceptados y documentación sobre presuntos sobornos que Marset habría realizado a funcionarios de Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Según los fiscales, esos pagos le habrían permitido obtener información sobre investigaciones de narcotráfico, evadir operativos de captura y recibir alertas sobre reuniones de la DEA con autoridades bolivianas. El juez todavía no resolvió si admitirá esas pruebas.

Con el rechazo de los recursos de la defensa, las declaraciones y evidencias físicas obtenidas tras la captura en Bolivia permanecen dentro del proceso. Marset se encamina así a enfrentar un juicio con jurado en Estados Unidos, donde podría exponerse a una condena de cadena perpetua si prosperan los cargos que contemplan esa sanción. /EL DEBER


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