Gobernaciones exigen al Gobierno Nacional agilizar la redistribución de recursos de la coparticipación tributaria

El representante de la Gobernación en materia autonómica, Esteban Ortuño, afirmó que el camino autonomista es único y que la propuesta elaborada desde los gobiernos autónomos departamentales permanece intacta, aclarando que no se trata de una simple contrapropuesta frente al nivel central, sino de un planteamiento integral dirigido al país.

Durante un contacto con los medios de comunicación, Ortuño explicó que el documento contempla dimensiones técnicas, políticas, jurídicas, económicas y financieras orientadas a construir una nueva forma de organización estatal. Según señaló, el objetivo es impulsar un cambio estructural que avance desde las regiones hacia el nivel central o de la periferia al centro, pasando por el nivel intermedio, abarcando todas las capas territoriales del Estado, como los gobiernos autónomos departamentales, los gobiernos autónomos municipales y los pueblos indígenas originario campesinos, entre otros actores.

Consultado sobre los plazos para definir este escenario a un mes de concluir el año, el vocero lamentó que las regiones hubieran depositado su confianza en la buena fe del Ejecutivo nacional respecto al compromiso asumido por el presidente del Estado para incluir la coparticipación en el Presupuesto General a partir de 2027. No obstante, sostuvo que no renuncian a esa expectativa y remarcó que la iniciativa plantea su aplicación inmediata mediante mecanismos administrativos y reformulaciones presupuestarias que correspondan definir al nivel central.

Ortuño insistió en que la postura departamental no busca limitarse a responder a una propuesta gubernamental, sino presentar un proyecto de organización estatal concebido desde la autonomía hacia el centro. A mediano plazo, indicó, se busca consolidar mecanismos institucionales básicos para que el desarrollo de Bolivia se impulse de adentro hacia afuera y no de manera centralizada; mientras que, a largo plazo, aventuró, esta transformación podría incluso incidir en problemas estructurales como la justicia.

En relación con el debate sobre la devolución del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y los avances legislativos mencionados para los municipios, Ortuño puntualizó que el reclamo no involucra únicamente a las alcaldías ni se reduce a ese porcentaje, ya que también abarca el descuento del fondo de exploración hidrocarburífera que afectó a los gobiernos departamentales.

Asimismo, advirtió que existe ya una ley en trámite en la Asamblea Legislativa Plurinacional específicamente en la Cámara de Senadores, según refirió que dispone la devolución, pero que permanece frenada por informes técnicos calificados por el entrevistado como ilegales emitidos desde el nivel central. En ese marco, sostuvo que más que una ley corta, el Ejecutivo debería viabilizar y destrabar la normativa ya encaminada.

Finalmente, Ortuño saludó que los gobiernos municipales participen en la búsqueda de consensos dentro de una visión autonomista y descartó cualquier confrontación con ellos. Por el contrario, subrayó que ambos niveles comparten el mismo objetivo de descentralización y que las demandas de los municipios forman parte de una lucha conjunta en favor de una distribución más equitativa de los recursos a través de mesas de diálogo y negociación con las autoridades nacionales.


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