Los motores comenzaron a fallar cuando la gasolina ya había recorrido toda la cadena de comercialización. Había sido importada, almacenada, autorizada y distribuida. Solo entonces aparecieron los vehículos dañados y la pregunta que dio origen a una investigación parlamentaria: ¿cómo un combustible desestabilizado logró superar los controles del Estado y llegar a los surtidores?
Para responderla, la Cámara de Diputados conformó una comisión especial que durante cuatro meses revisó 1.962 fojas de documentación, convocó a autoridades y reconstruyó el recorrido del combustible. El informe final identifica presuntas fallas en la cadena de control y recomienda remitir los antecedentes a la Contraloría General del Estado y al Ministerio Público para profundizar las investigaciones.
Uno de los primeros hallazgos rompe la cronología conocida del caso. La comisión incorporó el testimonio de la Asociación de Surtidores (Asosur), cuyos representantes aseguraron que las observaciones sobre la calidad de los combustibles no comenzaron con los motores dañados. Según su declaración, desde 2022 el sector advirtió al entonces Ministerio de Hidrocarburos sobre deficiencias en los controles de calidad, sin que esas alertas derivaran en correctivos efectivos.
Con esos antecedentes, la investigación concentró su atención en el sistema que debía impedir que un combustible fuera comercializado sin cumplir las especificaciones técnicas. La viceministra Tatiana Genuzio explicó que el Decreto Supremo 4718 establecía controles obligatorios en toda la cadena de comercialización y asignaba a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) la realización de determinados análisis técnicos.
Sin embargo, los antecedentes incorporados por la Fiscalía sostienen como conclusión preliminar que la comercialización de la gasolina desestabilizada obedeció a una ausencia total de controles de calidad. El informe atribuye a YPFB presuntas omisiones en la recepción, almacenamiento y comercialización del combustible, además del incumplimiento de parámetros previstos en los contratos, el Decreto Supremo 4718 y la normativa vigente.
La comisión sostiene que parte de los controles se redujo a verificaciones documentales y visuales —el denominado control “a ojo”— sin realizar análisis de laboratorio para parámetros obligatorios, como el contenido de manganeso y goma. También cuestiona que el personal encargado de esas tareas carecía de la especialidad técnica requerida.
La investigación también alcanza a la ANH. El informe sostiene que la entidad demoró más de tres años en reglamentar el Decreto Supremo 4718, no implementó la infraestructura de laboratorios prevista por esa norma y emitió autorizaciones excepcionales de importación sin exigir toda la documentación técnica necesaria para garantizar la calidad del combustible. Para la comisión, esas fallas explican cómo la gasolina desestabilizada logró superar los controles y llegar a los surtidores.
Informe apunta a Botrading
0tro capítulo del informe de la comisión especial de la Cámara de Diputados pone la mirada sobre el costo de las importaciones de combustibles. Los legisladores concluyen que la empresa Botrading incorporó una intermediación que habría incrementado el precio pagado por YPFB en la compra de carburantes.
Según el documento, las operaciones realizadas a través de esa firma registraron premios o diferenciales comerciales superiores a los observados en transacciones comparables de otros países de la región. Para la comisión, esa diferencia constituye uno de los principales indicios de un presunto sobreprecio que deberá ser investigado por las instancias competentes. El informe sostiene que esos mayores costos terminaron siendo asumidos por la empresa estatal.
El capítulo también incorpora antecedentes sobre la gestión del entonces presidente de YPFB, Armin Dorgathen, dentro de las investigaciones relacionadas con Botrading. Sin embargo, la comisión aclara que corresponde al Ministerio Público y a la justicia establecer si existieron responsabilidades penales o administrativas. / EL DEBER
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