El Gobierno boliviano detectó inconsistencias entre la oferta de aceite comestible en el mercado y la información proporcionada por la industria. Según el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, tras una inspección realizada en una planta distribuidora de aceite en Cochabamba, se evidenció que la producción y distribución se desarrollan con normalidad, pero esta situación no se refleja en los puntos de venta al consumidor.

“Visitamos una importante planta de distribución de aceite refinado y nos informaron que la producción y distribución se mantienen sin contratiempos. Sin embargo, los consumidores enfrentan escasez, largas filas y precios elevados en los mercados”, señaló Silva en entrevista con Bolivia TV

La autoridad informó que la industria asegura estar entregando producto a más de 10.000 clientes, principalmente mayoristas, y que el litro de aceite se mantiene por debajo de los Bs 14 en supermercados. En el mercado abierto, dijo, debería venderse entre Bs 15 y Bs 16, aunque se han detectado casos de precios de hasta Bs 22 o más, lo que el Gobierno atribuye a agio y especulación.

Como respuesta, Silva anunció que el Gobierno propondrá la conformación urgente de una mesa técnica en el marco del Comité de Seguridad Alimentaria, con participación de al menos cinco ministerios, para abordar tres aspectos: la estructura de costos, nuevas vías de distribución, y mecanismos para que la empresa estatal EMAPA se convierta en un distribuidor mayorista relevante.

Asimismo, Silva no descartó la participación de mayoristas en posibles desvíos del producto al contrabando. “Se presume que parte del aceite estaría saliendo hacia Perú por vías alternas debido a la diferencia de precios”, afirmó. Esta hipótesis se analiza junto al viceministerio de Lucha contra el Contrabando, con miras a intensificar los controles.

En esta línea, la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob) también planteó la necesidad de revisar el precio regulado del aceite refinado para adecuarlo al contexto actual y reducir el incentivo para su reventa ilegal. “El precio regulado, en condiciones de especulación, termina favoreciendo el contrabando”, advirtió, Jorge Amantegui, presidente de esta institución citado en una nota institucional.

Desde Caniob también se solicitó una mayor presencia del Estado en los mercados para controlar los puntos críticos de distribución. “La industria está cumpliendo con su parte, pero el éxito del abastecimiento también depende del accionar coordinado del Estado”, insistió Amantegui.

Finalmente, el viceministro Silva exhortó a la población a denunciar la venta especulativa ante la Policía, las alcaldías o directamente a Defensa del Consumidor. “No podemos seguir permitiendo que se abuse del consumidor con frases como ‘es el último aceite’, generando miedo para elevar el precio”, alertó.

El Gobierno espera que con estas medidas se logre normalizar el abastecimiento de este producto esencial de la canasta familiar, garantizando un precio justo para todos los hogares bolivianos.

El Gobierno espera que con estas acciones se normalice el abastecimiento de un producto clave en la canasta familiar y se garantice un precio justo para todos los hogares bolivianos./El Deber