El proyecto de perforación exploratoria Domo Oso-X3, en el área San Telmo Norte de Tarija, podrá continuar después de que la Sala Primera del Tribunal Agroambiental rechazó los recursos que buscaban mantener suspendidas sus operaciones. La resolución ratifica que el pozo está fuera de los límites de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, pero establece nuevas obligaciones de vigilancia y protección ambiental.
La decisión declaró infundados los recursos presentados por terceros dentro de la Acción Ambiental Precautoria impulsada por la Defensoría del Pueblo en enero de 2026 contra distintas entidades estatales, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petrobras Bolivia.
El proceso judicial dispuso inicialmente la paralización temporal de los trabajos de ejecución del proyecto. Sin embargo, el pronunciamiento mantiene el criterio del juez agroambiental de Entre Ríos respecto a que el área de perforación no se encuentra dentro de la reserva natural.
Monitoreo de agua y biodiversidad
Aunque rechazó los recursos, el Tribunal dispuso medidas complementarias para prevenir posibles daños al entorno. Entre ellas establece un sistema permanente y reforzado de monitoreo ambiental que deberá controlar la calidad del agua de los ríos Chiquiacá y Soledad, además de vigilar la biodiversidad, los niveles de ruido y las emisiones.
La resolución también dispone que las instituciones involucradas coordinen acciones para prevenir riesgos hidrológicos y presenten informes semestrales ante el Tribunal Agroambiental sobre el cumplimiento de las medidas.
El Ministerio de Hidrocarburos, la autoridad ambiental competente y la empresa operadora deberán ejecutar estas disposiciones de manera continua.
Con este fallo se agota la vía ordinaria agroambiental, lo que permite avanzar con el proyecto, que, según el comunicado institucional, tendría el potencial de incorporar entre dos y cuatro trillones de pies cúbicos (TCF) de gas natural a las reservas del país.
Un proyecto cuestionado por comunarios
Domo Oso-X3 arrastra varios años de controversia por sus posibles efectos sobre el ecosistema de Tariquía y las condiciones en las que se autorizó su desarrollo. Comunarios y organizaciones ambientalistas cuestionaron la legalidad de las operaciones, la consulta previa y la situación jurídica de los terrenos donde se pretende perforar.
En febrero de este año, durante una audiencia en Entre Ríos, representantes de los sectores opositores denunciaron que el predio tendría hasta cuatro personas que reclaman derechos propietarios y que no contaría con saneamiento, según informes del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
También se puso en duda el alcance de la consulta a las comunidades. Mientras las entidades estatales mencionaron entre ocho y diez comunidades consultadas, los representantes de los comunarios sostuvieron que debían considerarse al menos 23. /BRÚJULA NOTICIAS

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