El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) presentó este miércoles una denuncia en la Fiscalía de Chuquisaca para que investigue la amenaza difundida mediante un video en contra de varias instituciones del Estado para intentar forzar una nueva candidatura del expresidente Evo Morales.

En el video, una persona con capucha y con la voz distorsionada, advierte al gobierno de Luis Arce, al Tribunal Supremo Electoral (TSE), al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al TSJ que, si Evo Morales no participa del proceso electoral, “no habrá elecciones en el país”.  Incluso, este personaje asegura que saben cómo y cuándo estas instituciones sesionan. 

Por esta situación “estamos yendo a presentar la denuncia ante la Fiscalía contra presuntos autores para que se inicien con las investigaciones correspondientes, además, tomando en cuenta que, de acuerdo a los reportes de Inteligencia, ya tendríamos identificadas a las personas que estarían detrás de este acto subversivo tratando de intimidar y amenazar”, dijo Romer Saucedo, presidente del TSJ.

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Agregó que la denuncia, inicialmente, fue planteada en contra de los “autores que pretenden generar zozobra en el país” por los delitos de instigación pública a delinquir y amenazas.

Pero “decirles a estos aprendices de dictadores, a estos subversivos, que a nosotros no nos corren con la vaina del sable, nosotros estamos acá para hacer respetar la institucionalidad y la democracia”, afirmó. 

Ratificó que la postura institucional del TSJ es estar en resguardo de las elecciones generales convocadas para el próximo 17 de agosto y que eso “es innegociable”.

También exigió que se respeten las facultades de las instituciones hostigadas y solicitó seguridad para todos los magistrados.

“Por seguridad de cada uno de los magistrados, estamos pidiendo a las instancias correspondientes que se nos brinde la seguridad necesaria, a través de la Policía, tomando en cuenta que tenemos familia e hijos. (Pero) que quede claro: a nosotros no nos va a presionar nadie, únicamente nuestro sometimiento es a la Constitución y a las leyes bolivianas”, puntualizó./El Deber