En declaraciones vertidas desde Tarija, la defensa legal del expresidente Evo Morales expresó serios cuestionamientos sobre el manejo procesal que se viene llevando a cabo en el departamento del sur boliviano. De acuerdo con los voceros y letrados vinculados al exmandatario, dos de las investigaciones vigentes se encuentran formalmente radicadas en Tarija; sin embargo, sostienen que estas causas han sido conducidas de manera «discrecional» por parte de las autoridades locales.
Falta de elementos probatorios y críticas al procedimiento
El equipo legal insistió en que las acusaciones de mayor gravedad presentadas contra el líder político carecen del debido respaldo probatorio y de la rigurosidad jurídica que exige la normativa. En su intervención ante los medios de comunicación, el jurista remarcó que las autoridades judiciales en ejercicio cometen errores graves al omitir la notificación oportuna del inicio de las actuaciones a la jurisdicción competente, vulnerando así garantías fundamentales de los procesados.
Asimismo, se recordó que en una acción de amparo constitucional promovida previamente en el departamento de Santa Cruz, se determinó de forma favorable a la defensa que las actuaciones mal dirigidas debían reencaminarse hacia el juez natural asignado, situado en Cochabamba.
Expectativa ante la Audiencia de Acción de Libertad
En relación con los mecanismos legales pendientes, la representación legal ratificó que se aguarda la concreción de una Audiencia de Acción de Libertad de carácter presencial, dirigida a las partes de la litis (promotores y representantes del Ministerio Público). Respecto a la comparecencia física de Morales, la defensa subrayó que, si bien existiría la predisposición formal del exjefe de Estado para prestar su declaración, no están dadas las condiciones mínimas de seguridad. Argumentaron que la movilización desmedida de efectivos policiales observada en anteriores ocasiones configura una situación de amedrentamiento que atenta directamente contra el debido proceso.
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