El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco Quintanilla, se salvó de la censura en la Asamblea Legislativa Plurinacional tras una interpelación en la que defendió las medidas adoptadas por el Gobierno frente a la crisis de abastecimiento de diésel y denunció la existencia de presuntas redes de corrupción dentro de YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Al inicio de su intervención, Blanco pidió disculpas por la situación que atraviesa el país y aseguró que el problema supera la voluntad de las actuales autoridades.
“Hay una mafia enquistada en Yacimientos, en la ANH, que están contrabandeando con el suministro, con los combustibles”, afirmó ante los legisladores.
El ministro sostuvo que esas presuntas redes son una de las razones principales por las que el diésel no llega con normalidad a las estaciones de servicio.
Como parte de las acciones para combatir estas irregularidades, afirmó que se ejecutó un operativo militar-policial con más de 300 efectivos, destinado a detectar y enfrentar los problemas relacionados con el desvío y contrabando de combustibles.
Sin embargo, reconoció que los problemas no se han resuelto completamente.
“Seguimos teniendo problemas con logística”, admitió.
Los controles también provocan demoras
Blanco explicó que parte de las actuales dificultades en el suministro se deben a la aplicación de controles más estrictos en la cadena de distribución.
La autoridad citó una nota de YPFB del 12 de agosto, según la cual el sistema de suministro registra demoras en la distribución de diésel debido precisamente a la implementación de esos controles.
El ministro justificó la situación señalando que el Gobierno aprobó nuevas medidas de seguridad que modificaron procedimientos utilizados anteriormente.
Aunque admitió que las nuevas disposiciones generan retrasos, defendió su aplicación porque, según dijo, permiten reforzar los controles de calidad.
“Con ese decreto hay demoras, pero permite que la gasolina basura no vuelva a estar en los automóviles de nuestros compatriotas”, sostuvo.
$us 1.046 millones de deuda
Durante la interpelación, Blanco también reveló que el Estado mantiene una deuda de $us 463 millones con Trafigura y $us 583 millones con Vitol, dos de sus principales proveedores de combustibles.
El monto conjunto de ambas obligaciones llega a $us 1.046 millones.
El ministro también fue cuestionado por el caso de la gasolina de mala calidad. En respuesta, atribuyó el problema a procesos mal elaborados que fueron heredados de la anterior administración.
Sobre las denuncias de corrupción, Blanco aseguró que no habrá tolerancia y que las investigaciones alcanzarán a los responsables, independientemente de si pertenecen al actual Gobierno o a la anterior gestión.
También denunció que exfuncionarios de YPFB hicieron desaparecer documentación importante, lo que podría dificultar el esclarecimiento de algunas de las irregularidades investigadas.
Legisladores divididos
Durante la sesión, algunos asambleístas exigieron soluciones inmediatas a la escasez de diésel y reclamaron mayor celeridad al Gobierno. Otros, en cambio, señalaron que Blanco lleva apenas tres meses al frente del ministerio y que no puede transformar de inmediato una estructura que arrastra problemas de gestiones anteriores.
El diputado de Libre Wilson Añez defendió al ministro y afirmó que respondió alrededor del 90% de las preguntas formuladas durante la interpelación.
Añez también cuestionó el enfoque de este tipo de procesos y sostuvo que “las interpelaciones deben traer propuestas”.
Finalmente, mientras algunos legisladores votaron por la censura, otros se abstuvieron y el ministro logró evitar la sanción política.
La sesión dejó, sin embargo, una advertencia para el Gobierno: la crisis de diésel continúa sin resolverse, mientras las autoridades deberán demostrar que las denuncias sobre contrabando, las nuevas medidas de control y las investigaciones sobre la calidad de los combustibles producen resultados concretos. / EL DEBER
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