La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Tarija ha emitido un contundente pronunciamiento frente a la crisis institucional y económica que atraviesa el departamento. Herbert Quispe, ejecutivo del sector, manifestó la profunda preocupación de las familias agricultoras debido a las continuas dilaciones en la aprobación del Plan Operativo Anual (POA) en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija.
Quispe cuestionó duramente la actitud de varios asambleístas departamentales, a quienes acusó de priorizar afanes e intereses políticos en lugar de atender las urgencias de la población. Señaló que la falta de aprobación del POA paraliza la gestión presupuestaria sin perjudicar únicamente al Ejecutivo, sino afectando directamente a la ciudadanía y a la reactivación económica del departamento.
Asimismo, el dirigente calificó como injustificable la carga económica que representa la Asamblea, indicando que el ente legislativo consume más de 17.5 millones de bolivianos en presupuesto, destina más del 90% de esos recursos exclusivamente al pago de sueldos y salarios de 30 asambleístas que no garantizan una representación efectiva. Ante este escenario, la Federación planteó la necesidad de promover un análisis profundo y un referéndum para modificar el Estatuto Autonómico, orientado a reducir drásticamente el número de legisladores.
A la incertidumbre presupuestaria se suma la falta de atención estatal frente a las emergencias climáticas. Según Quispe, desde mayo de este año diversas comunidades del sector rural sufren los estragos de desastres naturales sin recibir asistencia ni soluciones estructurales. El sector aclaró que no demanda asistencialismo ni dádivas, sino apoyo institucional, asesoramiento técnico, créditos blandos y políticas de reactivación productiva.
Ante el abandono percibido, el sector campesino no descarta iniciar medidas de presión y movilizaciones una vez concluya el estado de excepción, ratificando que se mantendrán en estado de alerta constante.
Deja una respuesta