El severo incremento en los precios de los productos de primera necesidad ha encendido las alarmas institucionales en Bolivia, perfilando un escenario que amenaza directamente el derecho a una alimentación adecuada, especialmente entre las poblaciones más vulnerables. Así lo advirtió Cecilia Bolívar, representante de la Defensoría del Pueblo en Tarija, al presentar los resultados de un exhaustivo monitoreo de acceso a alimentos socializado recientemente por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
El estudio, que incluyó 21 verificaciones en mercados de capitales del país y 63 entrevistas en profundidad a jefes de hogar, adultos mayores y personas con discapacidad, refleja el impacto directo del levantamiento de la subvención al diésel. El costo del combustible sufrió un incremento superior al 80% (pasando de 9.80 a 17.95 bolivianos), ejerciendo una presión inmediata sobre los costos de producción agrícola y los fletes del transporte rural a los centros urbanos.
Los hallazgos muestran incrementos drásticos en insumos esenciales como tomate, cebolla, zanahoria, harina, aceite, azúcar, huevo y arroz. En el caso del tomate, el alza nacional alcanzó un pico del 87%, con fluctuaciones críticas por regiones: en Tarija, la cuartilla cotiza entre 25 y 27 bolivianos, representando un aumento del 109.6%, mientras que en La Paz llegó al 119%. En Cochabamba, la zanahoria registró un repunte histórico del 293%, y en Oruro la cebolla escaló un 148%.
La crisis económica ha forzado cambios dramáticos en los hábitos de consumo. Según el informe, el 71% de los entrevistados afirma que su presupuesto ya no alcanza para la canasta familiar, el 94% ha tenido que reducir las cantidades de alimento, y el 86% modificó sus hábitos cotidianos. Testimonios recogidos revelan casos de adultos mayores que han dejado de cenar varios días a la semana, sustituido el consumo de carne de res por pollo, e impactado su acceso a servicios de salud privada, vestimenta y recreación.
Ante esta alarmante realidad que deriva en una alerta nutricional, la Defensoría del Pueblo ha iniciado gestiones ante la Gobernación, la Asamblea Legislativa Departamental y los gobiernos municipales de Tarija para exigir la reasignación de presupuestos y medidas urgentes que garanticen la subsistencia de las familias afectadas.
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