El sector de la construcción atraviesa uno de sus momentos más críticos debido a una emergencia financiera marcada por el incremento sostenido en los precios de materiales esenciales como el diésel y otros insumos. A pesar de los decretos gubernamentales orientados a paliar esta situación mediante la actualización de costos, la medida no se está efectivizando de manera adecuada en las instancias públicas nacionales, departamentales y municipales.
El Presidente Departamental de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) en Tarija el ingeniero civil Eduardo Miranda, confirmó que el principal obstáculo radica en que las entidades ejecutoras de proyectos carecen de los recursos presupuestarios necesarios para cubrir el incremento requerido, el cual oscila entre un 25% y un 30% adicional sobre el costo base de las obras. Como ejemplo, un módulo educativo cuyo presupuesto original era de un millón de bolivianos ahora demanda entre 250 mil y 300 mil bolivianos extras.
Ante la imposibilidad de asumir estos montos debido a que los recursos institucionales ya se encuentran comprometidos en otros programas, los gobiernos locales y nacionales se enfrentan a dos salidas problemáticas:
- Recortar el alcance del proyecto: Sacrificar infraestructura complementaria, entregando obras incompletas o sin áreas esenciales como canchas y aulas.
- Resolver contratos: Suspender los proyectos a la espera de un presupuesto adicional que rara vez llega de forma inmediata.
Esta situación genera una cadena de consecuencias negativas, recordando experiencias pasadas donde obras mal planificadas quedaron paralizadas durante décadas, operando hoy en día solo con infraestructura parcial sin cumplir su fin previsto.
El impacto de esta crisis no solo afecta a la infraestructura física, sino de manera directa al empleo. Las empresas constructoras se ven obligadas a suspender o desvincular temporalmente a ingenieros y trabajadores, dejándolos en una pausa laboral indefinida hasta que se logre destrabar la renegociación de los contratos. Esto deja a miles de profesionales sin fuentes de sustento económico.
Asimismo, los plazos burocráticos impuestos por la normativa actual que condiciona los ajustes hasta finales de año— agravan el problema. Los constructores exigen que las respuestas sean inmediatas, ya que la parálisis de los presupuestos golpea al sector en su conjunto.
Deja una respuesta