Familiares y activistas en Tarija solicitan la intervención de Cancillería y del Consulado en La Plata para agilizar las investigaciones y brindar asistencia legal.
Desde la Plaza Principal Luis de Fuentes y Vargas, la familia de Lucy Rueda Batallanos, junto a representantes de la Red contra la Violencia y la Red contra la Trata de Personas, alzaron la voz para exigir justicia tras el atroz feminicidio de la joven boliviana de 32 años en la localidad de Olmos, La Plata (Argentina).
Lourdes Casón Batallanos, prima de la víctima, relató entre lágrimas el dolor que embarga a su familia tras conocer el trágico desenlace ocurrido la madrugada del pasado lunes 19 de octubre. Lucy, quien no tenía hijos y vivía en la República Argentina desde hace más de 15 años en busca de mejores oportunidades, fue hallada sin vida en una zanja con signos evidentes de haber sufrido un traumatismo encéfalo craneal.
«Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Pedimos justicia y que el o los responsables paguen por este horrendo crimen», manifestó Casón. Aunque existe una persona aprehendida por las autoridades argentinas, los familiares señalan que el caso aún no está esclarecido y se desconocen los detalles del vínculo o las circunstancias del hecho.
Por su parte, Carolina Ortiz, representante de la Red contra la Violencia a la Mujer, instó a las autoridades bolivianas a intervenir de manera oportuna. Ortiz hizo un llamado urgente a la Cancillería y al Viceconsulado de Bolivia en La Plata para que apliquen de inmediato el protocolo consular de atención a víctimas de violencia de género en el exterior.
«Este protocolo garantiza la asistencia legal, orientación y contención psicológica a los familiares, además de permitir la coordinación directa con las instituciones de investigación locales para recabar peritajes y testimonios fundamentales», explicó Ortiz. Asimismo, remarcó la importancia de velar por la seguridad de los hermanos de la víctima, quienes residían con ella y enfrentan la vulnerabilidad propia de la comunidad migrante sin recursos para solventar una defensa legal privada.
Las organizaciones sociales continuarán acompañando las acciones de protesta y seguimiento hasta esclarecer el crimen y dar con todos los autores del hecho.
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