El gobierno pidió este miércoles a la Asamblea Legislativa Plurinacional ampliar por 90 días el estado de excepción, principalmente por el riesgo de que los conflictos sociales vuelvan a escalar después del 18 de septiembre cuando se cumple el plazo de la medida.
Según los escenarios prospectivos presentados por el ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo, “si no se aprueba la continuidad del estado de excepción, Bolivia estará sometida al peligro inminente de un bloqueo que puede volver a causar daños irreparables que los estamos tratando de superar”. La autoridad, explicó que la solicitud no se sustenta únicamente en conflictos activos, sino en informes de seguridad que advierten sobre una eventual reactivación y articulación de bloqueos, marchas, paros y concentraciones en distintos departamentos.
Uno de los principales argumentos del Ejecutivo es que persisten focos diferenciados de conflictividad en los nueve departamentos. El ministro mencionó particularmente a La Paz, El Alto y Senkata; Cochabamba y el trópico; Santa Cruz, además de San Julián y Yapacaní.
La evaluación identifica como principales señales de alerta las convocatorias sectoriales, ampliados, estados de emergencia, ultimátum, coordinaciones entre organizaciones y desplazamientos de contingentes.
Oviedo indicó que durante los pasados 90 días se registraron siete puntos de bloqueo, aunque ninguno estaba activo al momento del corte de los informes. También citó la toma de un retén de la Felcc en Villa Tunari y la marcha multisectorial desarrollada en Cochabamba el 4 de septiembre, como antecedentes recientes de conflictividad.
Riesgo
La preocupación central del Ejecutivo es que una eventual reactivación pueda afectar corredores estratégicos y el suministro de combustible, alimentos, medicamentos y oxígeno, además de provocar retenciones, daños a infraestructura y una saturación de las instituciones estatales.
El ministro sostuvo que en Cochabamba se identificó cuatro intentos de afectación de infraestructura estratégica, mientras que en Potosí, Oruro, Tarija, Beni y Chuquisaca existen rutas e instalaciones que permanecen bajo seguimiento ante posibles nuevas medidas de presión. A esto se suman, según Oviedo, indicios bajo investigación relacionados con criminalidad organizada y narcotráfico en regiones como el Chapare y San Matías.
También sostuvo que una nueva ola de bloqueos tendría impacto en sectores que buscan recuperar su actividad económica. Remarcó que septiembre coincide con la época de siembra en gran parte del occidente del país y que microempresarios, comerciantes y trabajadores por cuenta propia preparan sus actividades para la temporada de fin de año. “Venimos a pedir que se garantice el derecho que tienen todos los bolivianos y las bolivianas de vivir en paz y trabajar”, afirmó. /BRÚJULA NOTICIAS
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