En medio de la creciente incertidumbre por el abastecimiento de carburantes en el país, el análisis técnico y económico señala que las medidas gubernamentales de intervención no atacarán el problema de fondo. Según se advirtió recientemente, la intervención a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no resolverá la crisis, ya que el desabastecimiento responde a un problema estructural, multidimensional y de índole macroeconómica.
Jaime Balanza, analista en hidrocarburos, durante una conferencia de prensa, remarcó que el desabastecimiento de carburantes está estrechamente ligado a factores monetarios y cambiarios que afectan a toda la economía nacional. Asimismo, se cuestionó que la intervención estatal se haya ejecutado al margen del marco jurídico e institucional vigente, el cual está regulado por la Constitución Política del Estado, la Ley 1600 (SIRESE) y la Ley N° 3058 de Hidrocarburos.
El analista detalló, los tres niveles de intervención establecidos en la normativa: la técnica (a cargo de especialistas), la preventiva (de gestión administrativa) y la de caducidad. Según la normativa, la entidad llamada a intervenir de forma legal para restablecer los servicios es la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), recomendándose que primero se fortalezca esta institución reguladora.
Finalmente, se advirtió que una solución integral requeriría una fuerte demanda de divisas (entre 15 y 20 millones de dólares diarios en el mercado paralelo) para sostener las importaciones, lo que podría derivar en una mayor devaluación del boliviano, incremento de precios y pérdida del poder adquisitivo de la población.
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