Legisladores de diferentes frentes opinaron sobre la polémica de la semana: las inconsistencias en la documentación de un vehículo de lujo adquirido por el ministro de Economía José Gabriel Espinoza.
La principal observación está en que, aunque el valor comercial del coche fue señalado en Bs 350.000, en la minuta de importación figura un monto de Bs 50.000. Algunos asambleístas pidieron una investigación del Ministerio Público y la Contraloría, mientras otros demandaron que primero se aclare los hechos a partir de evidencias.
La senadora oficialista Ana María Crispín consideró que el caso debe ser remitido directamente al Ministerio Público y dijo desconfiar de una eventual interpelación. “Si vamos a interpelar, ¿para qué? Para que nos diga sí, que mi tramitadora lo ha hecho”, sostuvo, y agregó que, en su criterio, si se cometió una irregularidad, corresponde activar las acciones legales pertinentes y establecer responsabilidades.
Crispín incluso planteó que Espinoza debería apartarse del cargo. “Una persona que se equivoca en esa magnitud, tiene que dar un paso al costado. Si no está manejando bien ni su economía, ¿qué estará haciendo con el país?”, cuestionó.
El diputado de APB-Súmate Diego Bráñez anunció que solicitará información y pidió al Ministerio Público actuar de oficio. “No somos tontos los bolivianos”, afirmó, al rechazar que la diferencia entre Bs 50.000 y Bs 350.000 pueda atribuirse simplemente a un error de tipeo en una notaría. Bráñez advirtió que, si se establece una eventual evasión tributaria, promoverán acciones legales. “Si lo vamos a tener que meter preso por tratar de evadir impuestos, lo vamos a hacer”, afirmó, y demandó al ministro que respalde con documentación sus explicaciones.
El diputado de Unidad Alejandro Reyes informó que ya se trabaja en varias peticiones de informe, aunque remarcó que la investigación corresponde principalmente a la contraloría. “La contraloría es la que tiene hoy la autoridad y la posibilidad de investigar”, señaló, y convocó a esa institución a transparentar la información relacionada con la adquisición.
La senadora Elena Pachacute (Libre) fue aún más dura en sus cuestionamientos y consideró que el caso refleja una falta de coherencia frente a la situación económica que atraviesa el país. “Bolivia vive una crisis económica y este ministro viene a decirles a los bolivianos: ‘me compré un auto, ¿y qué?’”, cuestionó. Pachacute remarcó: “ministro, sea un poco coherente, sea empático con la población”, y cuestionó que el gobierno pida a la población “ajustarse los cinturones” mientras una autoridad adquiere un vehículo de alta gama. Por eso, pidió al presidente Rodrigo Paz evaluar la permanencia de Espinoza. “Este tipo de autoridades deberían ser destituidas. Presidente, le están haciendo quedar mal”, afirmó.
En contraste, el diputado del PDC Daniel Fernández pidió prudencia y sostuvo que antes de formular acusaciones deben verificarse los antecedentes y documentos. “Nosotros no podemos directamente a una persona acusar sin tener ningún fundamento, ninguna prueba”, manifestó. Fernández considera que se debe garantizar que Espinoza tenga la oportunidad de aclarar la situación antes de establecer responsabilidades.
El presidente de la Cámara de Senadores Diego Ávila evitó emitir una valoración y señaló que corresponde al ministro explicar los detalles. “No opino sobre cosas que no conozco, sobre temas privados y particulares”, afirmó. Sin embargo, recordó que todos los funcionarios públicos están obligados a rendir cuentas y presentar sus declaraciones juradas ante la contraloría. “Le recomiendo que haga lo que tiene que hacer, lo que nos manda la norma a todos los funcionarios que asumimos un cargo”, dijo.
El jueves, el ministro Espinoza sostuvo a Brújula Streaming que debe diferenciarse el precio de comercialización de un vehículo del monto correspondiente a su operación de importación. Según su explicación, la responsabilidad por el pago de los impuestos y tributos de internación corresponde a quien realiza la importación y posterior venta del motorizado, y no al comprador final.
El ministro también rechazó que el caso sea considerado una irregularidad. “Yo no lo calificaría como polémica”, afirmó. Sobre las críticas por la compra de un vehículo considerado de alta gama, señaló que el tema es utilizado políticamente. “Se está tratando de construir una crisis o un problema político en torno a algo que no debería ser”, manifestó, y agregó que muchos ciudadanos venden un vehículo para adquirir otro. / BRÚJULA NOTICIAS
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