La crisis en el sistema de salud pública escala a niveles críticos. Tras una serie de reuniones infructuosas y el abandono de mesas de diálogo por parte de altos funcionarios del Ministerio de Salud, representantes del sector salud y legislativos de Tarija, anunciaron un paquete de cuatro acciones jurídicas y constitucionales de alto impacto. La medida surge como respuesta al incumplimiento sistemático en el pago del bono vacunación, la precaria situación del Instituto Oncológico y la falta de transparencia en la trazabilidad de medicamentos, problemática que afecta de manera directa tanto a los trabajadores del sector como a la población que acude diariamente en busca de atención médica.
El conflicto se agravó tras la reciente visita de la delegación ministerial a las oficinas nacionales, donde las autoridades de las carteras de jefatura de gabinete y presupuestos habrían optado por retirarse del recinto bajo el argumento de tener asuntos más prioritarios que resolver. Esta actitud fue calificada por los dirigentes como una afrenta directa a las demandas del sector, que desde hace un año arrastra promesas incumplidas y una total falta de respuestas concretas a sus exigencias laborales y asistenciales.
Ante este panorama de inatención gubernamental, los sectores afectados, en coordinación con la Brigada Parlamentaria, confirmaron la ejecución inmediata de una estrategia legal estructurada en cuatro frentes fundamentales para exigir el respeto a las normativas vigentes y a los derechos constitucionales.
Según Gabriel Corvera, presidente de la Brigada Parlamentaria, se ha interpuesto una acción de cumplimiento enfocada en hacer valer la Ley 1771 para garantizar el desembolso y la cancelación efectiva del bono vacuna, un beneficio largamente postergado. En segundo término, se iniciará un proceso formal por incumplimiento de deberes en contra de las autoridades responsables de la cartera de salud por dilatar deliberadamente las negociaciones.
Asimismo, se activará una acción popular al considerar que la negligencia administrativa vulnera de manera simultánea dos pilares fundamentales: por un lado, el derecho constitucional a la salud de la ciudadanía, la cual queda desprotegida ante las amenazas de paros y la precariedad hospitalaria; y por el otro, los derechos sociolaborales de los trabajadores sanitarios, quienes sostienen la red de atención pública bajo condiciones adversas. Como cuarto punto, se impulsará un proceso de interpelación parlamentaria contra la titular del ministerio.
Los dirigentes sectoriales manifestaron su enfado ante lo que consideran un discurso oficial alejado de la realidad, señalando que mientras la autoridad de salud declara en sus visitas a Tarija que la situación está bajo control, los hospitales y centros especializados continúan sufriendo el abandono administrativo. Entre los pendientes figuran la situación crítica del oncológico y la opacidad en el control y trazabilidad de los fármacos.
La tensión alcanzó su punto más álgido cuando el sector exigió públicamente la dimisión de la Ministra de Salud, instándola a dar un paso al costado si carece de la voluntad política para atender las demandas del departamento de Tarija y del país. Advirtieron que, de persistir en el cargo, deberá afrontar los procesos de interpelación en el poder legislativo para rendir cuentas ante la sociedad sobre la crisis que atraviesa el sistema sanitario nacional.
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