Petrobras Bolivia presentó este viernes el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) del proyecto exploratorio DOMO OSO-X3 a comunarios y autoridades de Entre Ríos, en cumplimiento de una disposición emitida por el Juez Agroambiental de esa localidad, que ordenaba socializar el documento los días 31 de julio y 1 de agosto. La empresa sostuvo que el pozo se encuentra fuera de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía y cuenta con licencia ambiental vigente.
La socialización reunió a representantes de comunidades de la provincia O’Connor y a autoridades locales y departamentales, entre ellos el alcalde Joel Quisberth, la presidenta del Concejo Municipal, Sara Darlach, el ejecutivo de la Federación de Campesinos, Herbert Quispe, y la representante de la Defensoría del Pueblo en Tarija, Cecilia Bolívar.
Las diez comunidades del cantón Chiquiacá, dentro de los límites de la reserva, no asistieron. Las subcentrales y sindicatos agrarios de ese cantón habían anticipado su postura en una carta abierta fechada el 27 de julio, en la que rechazaron “enfáticamente” la invitación cursada por Petrobras el 24 de julio. Según el documento, firmado por dirigentes como Barbarita Meza y Daniel Farfán Tejerina, el proceso incumple el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT al no garantizar participación desde las etapas iniciales de decisión, y la información entregada sería “extemporánea e incompleta”.
Los firmantes, entre ellos líderes de Loma Alta y Pampa Redonda, advirtieron que no aceptarán socializaciones que consideren “viciadas de origen” ni destinadas a “lavar las manos” de la empresa frente a los daños atribuidos a su presencia en la zona. Afirman además que el EEIA fue aprobado de forma “oculta” en julio de 2025 y solo se conoció públicamente meses después, tras presión judicial.
Petrobras confirmó que este sábado realizará un encuentro similar en la comunidad de Saicán, sin precisar si comunarios de Chiquiacá serán invitados ni qué mecanismos adicionales prevé para incorporarlos al proceso.
El coordinador de Medio Ambiente de Petrobras Bolivia, Gustavo Calderón, quien fue destinatario de la carta de rechazo, explicó los alcances del estudio y remarcó que el proyecto está fuera de la reserva, que cuenta con plan de manejo ambiental integral y que obtuvo licencia ambiental en julio de 2025. La empresa entregó a los asistentes cinco tomos impresos con dieciséis partes y anexos, además de un código QR con acceso digital al estudio completo, con siete días de plazo entre la entrega y la reunión.
La compañía recordó también una consulta pública realizada en enero de 2025 en Entre Ríos y Saicán, con más de 400 comunarios, cuyos aportes dice haber incorporado a los estudios.
El trasfondo del rechazo incluye dos procesos penales que Petrobras y YPFB iniciaron contra 46 comunarios (29 en una causa y 17 en otra), quienes tras 21 meses de litigio fueron absueltos en junio de 2026. Los dirigentes de Chiquiacá califican esas causas como una forma de presión contra la unidad comunitaria.
Las comunidades de la Subcentral Tariquía y Chiquiacá ratificaron su rechazo a toda intervención petrolera dentro de la reserva, invocando una votación cantonal del 15 de octubre de 2024, y afirmaron que no reconocerán como válido un proceso de socialización que excluya a las poblaciones asentadas dentro de la reserva.
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