La crisis en el sector de salud departamental escaló este martes tras confirmarse que las medidas de presión se han radicalizado. La Federación de Trabajadores en Salud de Tarija anunció un paro movilizado de 48 horas para los días miércoles y jueves de esta semana, debido al persistente incumplimiento y retraso en el pago del bono de vacunación por parte de las autoridades nacionales del Ministerio de Salud.
La decisión fue asumida de manera orgánica durante una Asamblea General del sector, luego de agotar diversas instancias de diálogo sin obtener respuestas concretas ni soluciones favorables. Así lo informó Armando Jerez, máximo representante de los trabajadores en salud en el departamento, quien detalló el alcance de la medida de fuerza.
Durante una entrevista concedida a la Red Departamental Plus Tlt, Jerez explicó que la medida responde a la total falta de cumplimiento gubernamental respecto a un beneficio que debió cancelarse puntualmente desde el mes de julio. Pese a que las autoridades nacionales han emitido declaraciones públicas señalando que el desembolso se concretaría en el transcurso de esta semana como lo afirmó el viceministro Bustamante en su visita a Tarija con el fin de evitar conflictos los trabajadores denuncian que «del dicho al hecho no hay ninguna respuesta».
Ante esta situación, la confederación nacional del sector remitió una solicitud formal dirigida a la Ministra de Salud para concretar una reunión y establecer una fecha definitiva de cancelación; sin embargo, hasta el momento tampoco se ha recibido una respuesta formal ni un acercamiento oficial que brinde certidumbre a las bases.
El paro movilizado contemplará el repliegue absoluto de los catorce sindicatos provinciales y sectoriales que conforman la federación en todo el departamento de Tarija, los cuales se trasladarán a la capital para consolidar una protesta masiva y contundente en las calles.
Desde la dirigencia se confirmó que las notas correspondientes de advertencia y justificación legal fueron enviadas oportunamente a las instancias competentes, tales como el Ministerio de Trabajo y la Defensoría del Pueblo. Esto con el objetivo de resguardar los derechos laborales de los funcionarios frente a posibles descuentos y asegurar que las veedurías institucionales realicen los controles pertinentes en los centros hospitalarios.
Asimismo, los representantes sindicales recalcaron que, si bien la paralización de actividades será total en la atención externa y administrativa, se garantizará de manera estricta la cobertura y el funcionamiento de los servicios de emergencia para no desatender a la población que acude a los centros médicos.
Antes de concluir, el máximo representante de los trabajadores en salud lamentó los perjuicios que esta medida pueda ocasionar a los pacientes y a la ciudadanía en general, enfatizando que la responsabilidad recae exclusivamente en la falta de gestión y respuesta oportuna de las autoridades gubernamentales.
«Si se daría solución, bueno, no tendríamos ningún conflicto, no tendríamos por qué hacer la paralización. Lógicamente los perjudicados son el pueblo, mis disculpas, pero son instancias orgánicas que tenemos que hacer por el incumplimiento lamentable de las autoridades», concluyó Jerez, haciendo un llamado a la comprensión de la sociedad tarijeña ante una demanda económica largamente postergada.
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