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Periodistas denuncian inscripciones ilegales en partidos y piden al TSE tomar acciones

El registro ilegal de tres periodistas en partidos y agrupaciones políticas alarmó a la Asociación Nacional de Periodistas cuya presidenta, Zulema Alanez envió una carta al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, solicitando tomar acciones respecto a esos registros que no fueron consentidos.

“Desde el punto de vista periodístico, estos hechos adquieren especial gravedad al tratarse de profesionales que por la naturaleza de su labor ejercen un rol clave en la formación de opinión pública y en la vigilancia democrática. El uso indebido de sus identidades para aparentar adhesión política puede afectar gravemente su credibilidad y reputación pública”, señala una parte de la carta enviada al TSE.

De acuerdo con la denuncia, los periodistas Judith Prada en Santa Cruz y Javier Aliaga en La Paz fueron registrados en organizaciones políticas sin su consentimiento. Los mismo sucedió con un tercer periodista en la sede de Gobierno. Los afectados se sorprendieron al descubrir que están registrados y no saben cuándo los pusieron como militantes.

Investigar de oficio las denuncias públicas presentadas por periodistas y ciudadanos afectados; activar los mecanismos de fiscalización y control de registros partidarios; implementar un sistema seguro y ágil para que los ciudadanos puedan verificar su situación de militancia; adoptar y difundir públicamente medidas de protección de datos personales dentro del sistema electoral, son las cuatro medidas que propone la Asociación.

Desde 2019 las quejas de ciudadanos sobre registros irregulares en partidos políticos fue una constante y la única solución que se activó hasta el momento es la renuncia inmediata a al partido correspondiente. No hay un sistema que haga seguimiento de la forma cómo los partidos consiguen datos de las personas.

En el último trimestre, las denuncias fueron contra el Movimiento de Renovación Nacional (Morena), de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, a cuyos dirigentes acusan de haber manipulado los registros porque se utilizaron cursos de capacitación, inscripción en programas y hasta encuestas de consumo./El Deber

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