El Decreto Supremo 5399, recientemente promulgado por el Gobierno boliviano, ha generado un nuevo sacudón en el mercado financiero del país. Esta normativa prohíbe expresamente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) realizar operaciones con activos virtuales o criptomonedas, medida que, en menos de una semana, ha provocado una caída del dólar paralelo, particularmente del dólar digital (USDT), una de las herramientas que la estatal petrolera venía utilizando para asegurar la importación de combustibles en un contexto de escasez de divisas.

Según el economista tarijeño Roberto Castillo, el impacto ha sido inmediato: “La plataforma de intercambio ha perdido a uno de sus principales clientes. YPFB venía operando con volúmenes importantes de USDT, lo que mantenía una alta demanda de este activo. Con su salida, el precio del dólar digital ha caído a 15,80 bolivianos”, precisó.

Castillo sostuvo que, aunque el dólar paralelo haya bajado temporalmente, la medida no resuelve de fondo los problemas estructurales que enfrenta la economía nacional, refirió que, lo que Bolivia necesita con urgencia son políticas monetarias claras y sostenibles, no medidas fiscales como llevar militares a las fronteras o eliminar aranceles a ciertos productos, hechos que los considera parches, que no abordan el problema de falta de dólares.

Frente a esta crisis, el Gobierno nacional ha anunciado un paquete de medidas para combatir la especulación, asegurar el abastecimiento de productos esenciales y proteger la economía familiar. Sin embargo, Castillo fue escéptico sobre la eficacia de estas acciones, asegurando que muchas de ellas ya se han intentado en el pasado sin mayor éxito./El País