La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) atraviesa una crisis financiera. Arrastra una deuda que bordea los 2,8 millones de bolivianos, situación que no solo amenaza con colapsar su operatividad administrativa, sino que limita su capacidad legislativa en un momento crítico para el departamento. Aunque desde la nueva Directiva se anuncia una reestructuración interna y la implementación de medidas de ajuste, el tiempo apremia: solo le quedan seis meses de gestión y la posibilidad de llegar a fin de año sin paralizarse depende de más ajustes que vayan a tomarse en las siguientes semanas.

Aunque el presupuesto destinado para la ALDT en esta gestión supera los 17,5 millones de bolivianos, es ya sabido que estos recursos no llegarán en su totalidad, pues la Gobernación ha advertido meses atrás que este año ingresará un 30% menos de lo programado.

La meta que se ha trazado el legislativo es achicar los gastos al menos un 25%.

La crisis heredada

El presidente de la ALDT, Damián Castillo, asumió una institución debilitada económicamente. Según detalla, no solo heredó una millonaria deuda, sino también una serie de pasivos operativos como vehículos en mal estado, salarios atrasados y compromisos incumplidos con proveedores.

“Hay una deuda que se la viene arrastrando desde el 2024, que lamentablemente no se ha cancelado, que es aproximadamente 500.000 bolivianos, y una deuda de esta gestión que ya suma 2,3 millones de bolivianos”, explicó.

Presupuesto La Asamblea tiene previsto un presupuesto de Bs 17,5 millones para este año, pero prevén que ingrese un 30% menos

Los compromisos más apremiantes, afirma Castillo, tienen que ver con sueldos y salarios, que pese a los esfuerzos realizados todavía llevan un mes retrasados, además de dejar sin recursos a las unidades técnicas. En paralelo, hay deudas con proveedores, incluyendo medios de comunicación y empresas de servicios.

Reestructuración y ajustes

En respuesta, Castillo aseguró que la Directiva actual está implementando un proceso de reestructuración administrativa y trabaja en una nueva escala salarial que busca reducir la carga económica. Aunque parece que los esfuerzos no son suficientes.

Esta medida, sin embargo, aún no ha sido agendada en el pleno legislativo debido a que varios asambleístas se encuentran en alternancia. Castillo espera que en la reunión de directorio prevista para este jueves se defina si el tratamiento de la ley se realiza el viernes o se posterga hasta la siguiente semana.

A nivel presupuestario, el panorama es igual de complicado. Aunque inicialmente se aprobó un presupuesto de 17,5 millones de bolivianos para la ALDT en 2024, el ejecutivo departamental ya ha advertido que, debido a la caída de ingresos, los desembolsos podrían reducirse en un 30%, lo que obliga al Legislativo a operar con poco más de 12 millones.

Manipulación política

Desde la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), las críticas no se han hecho esperar. La asambleísta Zaida Laura Charca cuestionó el retardo en la agenda para tratar la ley de reducción de sueldos y acusó al gobernador Oscar Montes de manipular políticamente a la Asamblea a través de Castillo, quien pertenece a la misma línea partidaria.

Por otro lado, Laura volvió a ratificar que la actual Directiva era conocedora de la crisis de la Asamblea, esto debido a la asfixia a la que ha sometido el gobernador Montes a la anterior Directiva que no compartía su línea política.

Además, denunció que la falta de recursos ha llegado a niveles extremos, no se paga servicios básicos, no hay tinta para las impresoras, ni fondos para combustible, mantenimiento vehicular o compra de material de oficina. Todos estos gastos deben ser cubiertos por los mismos legisladores.

“Ya desde la anterior Directiva no teníamos transporte para hacer fiscalizaciones, nosotros nos teníamos que pagar, no tenemos ningún tipo de recursos que nos pueda ayudar como asambleístas para hacer nuestro trabajo legislativo. (…) no tenemos ningún tipo de insumos, yo me compro hojas para la documentación que tenemos que presentar”, reclamó.

Laura aclaró que esta institución no es como denuncian algunos dirigentes de organizaciones sociales, que señalan, que la ALDT opera con viáticos, bonos de té u otros beneficios.

Sobre este tema, El País intentó conversar con legisladores de la bancada de Todos, sin embargo, no se pudo coordinar la entrevista pese a la insistencia.

La Fedjuve reclama ley de escala salarial

El presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), Celestino Barro, lamentó que a un mes de haber asumido el cargo esta nueva Directiva de la ALDT, aún no hayan agendado la ley de reducción de escala salarial, y haber realizado ajustes económicos.

Barro señaló que una de las alternativas para evitar gastos económicos, era evitar la dieta para los asambleístas suplentes, al igual que sucede en los concejos municipales. Recordó que este tema ya fue abordado con la Asamblea y había un compromiso para analizar este tema.

Al margen de esto, Barro expresó su disconformidad con el legislativo, ya que tampoco ha tenido la voluntad de avanzar con la ley para reducir los asambleístas departamentales./El País