El Primer Comando da Capital (PCC), la mayor organización criminal de Brasil, tiene al menos 146 integrantes identificados en Bolivia, entre privados de libertad y personas en libertad, según un mapeo internacional divulgado sobre la base información oficial del estado de São Paulo y del Ministerio Público de Brasil.

Estos datos posicionan a Bolivia como el cuarto país con mayor presencia de esta facción fuera de Brasil, solo por detrás de Paraguay (699), Venezuela (656) y Uruguay (140).

El informe revela que el PCC se expandió más allá de las fronteras brasileñas y actualmente opera en al menos 28 países en América, Europa, Asia y África. Su estructura combina una disciplina férrea en el interior de las cárceles con un modelo flexible y descentralizado en los territorios donde busca ampliar su red de tráfico de drogas y lavado de dinero.

Infiltración silenciosa

En el caso boliviano, la mayoría de los integrantes detectados del PCC se encuentran en establecimientos penitenciarios (75), aunque 71 miembros están en libertad, lo que evidencia una doble dinámica de expansión: por un lado, la influencia carcelaria —que es donde esta organización surgió y se consolidó— y por otro, el avance hacia estructuras delictivas que operan en libertad, incluyendo logística, transporte y distribución de drogas.

Según el análisis de la ONU y de expertos citados en un reportaje del portal brasileño GloboNews (G1) la estrategia del PCC no necesariamente busca imponer control territorial mediante violencia, sino penetrar redes ya existentes y crear alianzas con grupos locales o clanes familiares, especialmente en países con cercanía cultural y fronteriza como Bolivia.

“Yo no conozco ninguna organización criminal en el mundo que sea más eficiente que el PCC en el control de cárceles”, aseguró a G1 el fiscal brasileño Lincoln Gakiya, quien advirtió que Bolivia, al igual que Paraguay, Argentina y Chile, están dentro de una zona de expansión activa del grupo.

Riesgos estructurales

Otros expertos en crimen organizado explicaron que el entorno penitenciario boliviano representa una vulnerabilidad estructural, donde el PCC puede reproducir su modelo de reclutamiento, sometimiento y expansión, como ya ha ocurrido en cárceles paraguayas, donde la presencia del grupo desencadenó violentos motines y asesinatos.

La presencia en libertad también preocupa. Los miembros del PCC en Bolivia podrían estar operando cadenas logísticas, envío de cargamentos y lavado de activos mediante redes de apoyo con alcance regional e internacional, en coordinación con otros actores del crimen transnacional.

Contexto regional

El mapeo coincide con los hallazgos del Informe Mundial sobre Drogas 2025 presentado por la ONU en Viena, donde se destaca que clanes familiares bolivianos participan en el negocio del narcotráfico a pequeña escala, integrados en estructuras más horizontales y descentralizadas. Si bien no ejercen control territorial directo, forman parte de la cadena global del tráfico de cocaína, cooperando con tareas específicas como transporte, almacenamiento o lavado.

Este modelo operativo fragmentado, pero altamente adaptable, permite que redes criminales como el PCC se vinculen con estructuras locales en países como Bolivia sin necesidad de levantar alarmas inmediatas, dificultando la acción estatal.

Los datos divulgados refuerzan la necesidad de que el Estado boliviano monitoree con mayor atención las cárceles, los flujos fronterizos y las redes financieras opacas, especialmente en zonas sensibles como el Chapare, Santa Cruz y la frontera con Brasil. / EL DEBER