El escándalo desatado por la aprobación del contrato de litio con la empresa china CBC en la Cámara de Diputados, entre la noche del jueves y amanecer del viernes, es una muestra más de las trabas que —por lo menos en los últimos 15 años— mantiene amarrado el arranque del negocio del litio en Bolivia.

Por lo menos, en ello coincidieron expertos y autoridades entrevistadas en EL DEBER Radio, quienes identificaron cuatro ejes que deben destrabarse: modelos de contratos, recurso agua, regalías y consulta previa. Estos aspectos son puestos como objeción por los dirigentes cívicos potosinos y parte de la oposición, que acusa al Ejecutivo de tener intereses oscuros en la urgencia por aprobar el contrato, a pocos meses del fin de su gestión.

Los contratos

El ex presidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y empresario que estuvo ligado al sector del litio, Carlos Delius, resaltó que ya son como cuatro años que se vienen tratando los contratos con las empresas Uranium One Group (Rusia) y CBC (China), lo que demuestra la incapacidad de armar un negocio. 

“No estoy haciendo juicio de si el contrato (con la empresa china, que está en tratamiento) es bueno o malo (…), pero nos demuestra que somos incapaces de armar un negocio. Como Estado hemos fracasado con el litio, y no es de este gobierno ni del anterior, viene de los años 90. Nosotros (Bolivia) teníamos para estar al frente del litio, aquí se iba empezar la primera explotación, pero se fueron a Argentina y armaron uno de los negocios más grandes de litio”, señaló.

Por su parte, el ingeniero ambiental del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Gonzalo Mondaca, indicó que existe “una maquinaria política que no está comprendiendo que explotar litio en Bolivia es un reto muy grande y que ha sido mal abordado por más de 15 años”.

El experto aseguró que los problemas de los contratos no se van a poder solucionar en el corto tiempo, sobre todo por las objeciones técnicas que deberían ser analizadas para mejorar los contratos. “Cuando se debatieron estos contratos con anterioridad en la Asamblea, hubo muchas respuestas como inventadas que intentaban promocionar los proyectos sin tomar en cuenta que hay varios aspectos clave, como por ejemplo, aspectos económicos que van en contra del Estado”, sostuvo.

En tanto, el gerente sectorial de Ingeniería y Proyectos de YLB, René Salinas, calificó como “una exageración” la que se está manejando sobre el discurso de los contratos. Pidió tomar en cuenta que los recursos certificados en los salares son de 21 millones de toneladas, de los cuales solo el 1,34% que van a ser industrializados por la empresa CBC a lo largo de los 30 años de operación.

Uno de los aspectos más calientes que reclaman los potosinos es la devolución de las inversiones que deben ser devueltas a las empresas explotadoras. “Sí, la inversión tiene que ser de vuelta, como en cualquier industria, con cualquier negocio que se va a invertir. No están viniendo a regalar, están viniendo a ganar también, pero eso no significa que nosotros no velemos por nuestros intereses y ganemos también”, aclaró.

Agregó que si la planta no está produciendo, el Estado no pagará a CBC “ni un solo boliviano” por la inversión, intereses, regalías o por el costo de la de la licencia por uso de la tecnología.

Recurso agua

Según el ejecutivo de YLB, la empresa estatal “ha sido bastante transparente” sobre cómo se han ido evaluando los recursos hídricos en las diferentes cuencas a las que se va a extraer el agua. “Nosotros tenemos una evaluación de las cuatro cuencas que estaríamos afectando, entre comillas, que son la de Cieneguillas, la de Río Grande, la de San Jerónimo y la de Huasajulaca. Estas, con un dato de precipitación anual de 200 milímetros, contamos con más o menos 335 millones de metros cúbicos de lluvia al año, con un caudal de recarga, de los acuíferos, de alrededor de 35 millones de metros cúbicos”, explicó Salinas. 

Según Salinas, el consumo de agua de las dos plantas que proyecta la empresa china CBC está entre 2,8 y 3,3 millones de metros cúbicos de agua al año. “¿Qué significa esto? Que estamos por debajo del diez por ciento del consumo de recarga. Estos consumos y estos requerimientos del proceso de industrialización se van haciendo más eficientes”, consideró el gerente sectorial de Ingeniería y Proyectos de YL.

Para Carlos Delius, el tema del agua no es algo que pueda inviabilizar el negocio del litio y se puede resolver. “El agua se la puede captar, no es solamente aquello que caiga sobre la cuenca del lugar donde se la va a usar. El recurso agua ni siquiera es problema en un desierto como el de Atacama, de donde sale el 25% del litio del mundo. Entonces yo creo que los bolivianos hemos entrado en una dinámica muy mala, donde continuamente estamos encontrando disculpas para esto”, aseveró.

Regalías

René Salinas descartó que el tema de las regalías sea un muro para el pueblo boliviano y que el contrato se rige sobre la ley aplicable. “Si Bolivia define, a través de su Asamblea Legislativa subir las condiciones de las regalías en el contrato, se va a adecuar a esos porcentajes que se definan”, subrayó. 

Apuntó que en Argentina, por ejemplo, se paga alrededor del 3% en ‘boca de pozo’. “Nosotros le aplicamos el 3% a toda la cadena productiva, o sea, al costo de la factura, con todo el proceso de industrialización más. Entonces, eso significa que, dentro de la región, tenemos inclusive mejores condiciones hoy en el tema de regalías. Significa también que tenemos la opción de mejorar las condiciones de regalías sin que esto implique que la empresa nos resuelve el contrato como también se malinterpreta en ciertos ámbitos políticos”.

La consulta previa

Gonzalo Mondaca dijo que el contrato que se pretende aprobar con CBC, no se cumplió el derecho a la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas y las comunidades afectadas. “Se ha intentando hacernos pensar que no hay poblaciones indígenas, cuando en realidad en todos los salares bolivianos, o por lo menos todos los salares de la región andina, están rodeados por territorios indígenas, muchos de ellos titulados incluso”.

Sin embargo, Salinas aseguró que la consulta previa se la realizará con todos los pueblos que estén afectados y que los contratos no están identificando las zonas y a qué recursos estaría impactando. “Tenemos que tener claro que el momento en que nosotros aprobemos la factibilidad, está relacionada con todas estas características técnicas que tenemos que expresarlas a las comunidades. Entonces, en ese momento, sí, la consulta va a ser previa a la construcción”. / EL DEBER