La Ley Integral 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia promulgada en 2013 inserta en el Código Penal la tipificación de feminicidio como delito con una sentencia de 30 años, pero desde entonces hasta la fecha no se aprobó una ley nacional que acompañe el castigo a los feminicidas con protección a los huérfanos de las víctimas.

Hubo distintos proyectos que nunca fueron aprobados en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), lo que derivó en iniciativas departamentales y municipales que pueden generar más burocracia y que todavía no se aplican en la mayor parte del país.

Iniciativas nacionales

En julio 2019 la Defensoría del Pueblo presentó una primera propuesta formal de ley de medidas de asistencia estatal integral para hijos de víctimas de feminicidio.

La redacción incluía el pago de un bono, la entrega de incentivos para evitar la deserción escolar, asignación de becas universitarias y asistencia terapéutica. Para las familias ampliadas que asumen la custodia contemplaba la distribución de canastas alimentarias, la inamovilidad laboral y reducción de costos en servicios básicos e impuestos hasta la mayoría de edad de los huérfanos.

En 2021 la Defensoría confirmó la predisposición del Ministerio de Economía, insistió en la ALP. Pero nunca llegó a votación.

Fuera de la asistencia, la norma proponía la creación de un registro público nacional sobre niños y niñas que quedaron huérfanos por feminicidios. Esto también quedó postergado.

En abril de 2024 las instituciones que forman parte de la Alianza por los Huérfanos de Feminicidio en Bolivia entregaron a la Cámara de Diputados el proyecto denominado de “Protección integral y reparación para hijas e hijos víctimas de feminicidios”. Una redacción trabajada por unas 40 instituciones.

Proponía básicamente un bono del 20% del salario mínimo nacional, atención médica y terapéutica gratuita, acceso garantizado a escuelas y universidades, como también la priorización en programas de vivienda social.

Hay una carta que certifica la aprobación por la comisión correspondiente y la entrega en el despacho del expresidente de Diputados, Israel Huaytari. Pero no fue agendado para ir al pleno.

El reglamento del ente indica que cuando un proyecto no es tratado en un periodo legislativo su tratamiento vuelve a cero y debe volver a una comisión.

Departamentos

En ninguno de los nueve departamentos hay leyes vigentes que provean algún tipo de asistencia a este grupo poblacional.

Particularmente en Tarija, la Gobernación trabaja hace meses en una redacción. Sin embargo, aún no ingresó a la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) que debe aprobarla.

Municipios

Ante el retraso en la ALP, la Defensoría impulsó la aprobación de leyes municipales. Hasta la fecha ya se promulgaron en 40 municipios, pero Bolivia tiene un total de 342 y eso significa que en la mayoría los huérfanos y huérfanas por feminicidio continúan en vulnerabilidad.

Hay otras jurisdicciones donde las propuestas se aprobaron en los Concejos Municipales, pero queda pendiente su promulgación para que entren en vigencia. Uno de esos casos es el de Tarija.

Los alcaldes y gobernadores apuntan como un impedimento para la aplicación de políticas, la falta de recursos económicos. Eso se refleja en que las leyes municipales proponen acceso a terapias, educación y la inserción laboral, pero descartan la entrega de bonos o alimentos.

Sin leyes
En ninguno de los nueve departamentos hay leyes vigentes que provean algún tipo de asistencia a este grupo poblacional.

Bolivia no tiene registro de huérfanos por feminicidio

Ya ha pasado más de una década desde la promulgación 348 y nunca se ha implementado un sistema de registro de huérfanos y huérfanos por feminicidio. Se calcula que la cifra ya supera los mil, pero no existe un conteo exacto de esta población y eso aumenta su vulnerabilidad.

Desde el 2016 hasta fines del 2023 la cifra ya llegó a 752 menores de edad. El Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización (Sepmud) cuantificó en 2024 que 79 menores de edad perdieron a sus madres en estos hechos de violencia.

En lo que va del 2025 el Ministerio Público reportó 40 casos de feminicidio, pero no hay un recuento formal de sus hijos menores de edad. Esas víctimas deben pasar al cuidado de su familia ampliada o ser ingresados a centros de acogida./El País