El conflicto entre el sector salud y la Gobernación ha escalado a un nuevo nivel de tensión. Los trabajadores en salud han decidido instalar una huelga de hambre en el frontis de la Gobernación de Tarija, como una medida de protesta en rechazo al despido masivo anunciado por el ejecutivo departamental. El piquete arrancó con tres personas y se prevé que en los siguientes días se vayan adhiriendo otras más.

Cabe recordar que a inicios de la presente semana, el gobernador Oscar Montes anunció el despido de 90 trabajadores en salud distribuidos entre el primer y segundo nivel, argumentando que la Gobernación no cuenta con los recursos para seguir financiando estos ítems, que son responsabilidad del Gobierno Nacional.

La representante del Comité de Huelga, Yomara Gutiérrez, quien además forma parte de los profesionales con ítem Gobernación, explicó que en este primer piquete de huelga están ingresando dos licenciadas en enfermería y un odontólogo. Advirtió que esta movilización se realizará hasta que las peticiones del sector salud sean escuchadas.

Gutiérrez manifestó que entre los motivos para esta medida de presión, es el rechazo al despido injustificado al personal de salud de primer nivel que está en los centros de la Red de Salud de Cercado; además de exigir que se garantice el presupuesto en el Plan Operativo Anual (POA) 2026, ya que actualmente la Gobernación pretende eliminar el programa de fortalecimiento a las redes de salud, que está compuesto por 500 ítems en los 11 municipios.

“En este primer piquete de huelga están los afiliados al Codesa y al Fesirmes, somos profesionales en salud, médicos, especialistas, licenciadas en enfermería, odontólogos, farmacéuticas, bioquímicas, que estamos haciendo esta manifestación”, refirió.

Gutiérrez reconoció que hasta el lunes se habían entregado 24 memorándums de agradecimiento, pero muchos de estos trabajadores no podían ser cesados de sus funciones, algunos porque son institucionalizados y otros porque cuentan con inamovilidad laboral. Cuestionó que la instrucción de Montes sea despedir a 90 trabajadores hasta el 31 de julio.

La profesional en salud también criticó al Gobierno Municipal, porque recién a estas alturas pretende exigir al Gobierno que cumpla su responsabilidad en materia de salud, cuando han tenido el tiempo suficiente para poder implementar un plan sostenido con el nivel central y atender esta problemática que no es nueva.

Gobernación levanta las manos

El director de Políticas Públicas de la Gobernación de Tarija, Andrés Castellanos, aclaró que la actual crisis económica impide al Gobierno Departamental seguir asumiendo responsabilidades que no le competen, como la contratación de personal de salud para centros de primer y segundo nivel.

“Con la caída de los recursos económicos, es insostenible para la Gobernación continuar financiando ítems que son competencia del nivel central. Hemos solicitado formalmente al Ministerio de Salud la migración de estos ítems, porque es esa instancia la que debe asumirlos, tal como establece la Constitución Política del Estado”, señaló Castellanos.

Recordó que incluso existe un informe de la Contraloría General del Estado que observa el hecho de que la Gobernación haya asumido en el pasado competencias que no le correspondían legalmente.

“No solo que no es nuestra obligación, sino que además tenemos observaciones legales por haber asumido gastos que debieron correr por cuenta del Gobierno Nacional. El reclamo debe ir al Ministerio de Salud, no a la Gobernación”, enfatizó.

Además, señaló que ya se han realizado todas las gestiones ante el Ministerio de Salud para que asuman esta competencia, pero que hasta la fecha no se ha recibido ninguna respuesta.

Bono vacunación

Respecto al bono de vacunación, Castellanos explicó que este beneficio está establecido por la Ley 3302 del Presupuesto General del Estado de 2006, cuando las prefecturas aún dependían del gobierno central.

“Este bono viene de una ley anterior a la autonomía. La gran mayoría de quienes lo reclaman tienen ítems ministeriales o del Tesoro General de la Nación. No trabajan para la Gobernación, entonces ¿por qué deberíamos pagarles nosotros? Deberían exigirle el pago a sus verdaderos empleadores”, cuestionó.

Según el Director de Políticas Públicas, el monto solicitado por el sector salud asciende a 8 millones de bolivianos, lo que representa una carga fiscal insostenible, considerando que el departamento ya enfrenta múltiples obligaciones./El País