En una sesión legislativa realizada la semana pasada, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley PL-528/2024-2025, que busca fortalecer el Complejo Productivo Lácteo de Bolivia mediante la creación de un fondo financiado, en parte, con retenciones a la comercialización e importación de bebidas alcohólicas, incluyendo vinos y singanis, productos emblemáticos de Tarija. Esta iniciativa legislativa es rechazada desde la capital chapaca, lamentan que se pretenda favorecer a un sector en desmedro de otro.

El objetivo de la ley y su financiamiento

La ley, promovida por el presidente Luis Arce Catacora, tiene como objeto “fortalecer el desarrollo del Complejo Productivo Lácteo a través de la creación del Fondo Productivo Lácteo ‘Leche para crecer’”. Según la exposición de motivos, se busca mejorar la productividad, transformación y comercialización de la leche, garantizando la seguridad alimentaria con soberanía.

Para financiar este fondo, el Artículo 6 del proyecto establece una “Retención por Comercialización e Importación de Bebidas Alcohólicas – RCIBA”, que aplica cuotas específicas por litro a diferentes bebidas. En el caso de la cerveza y el vino de uvas frescas (incluyendo singani), la retención es de Bs 0,40 por litro, mientras que para otras bebidas espirituosas como el whisky o el ron (también singani), la cifra asciende a Bs 1,30.

El golpe al sector vitivinícola

La Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas (ANIV) y la Asociación Nacional de Productores Vitivinícolas (Anavit) han manifestado su “preocupación y rechazo” a la norma. Denuncian que el impuesto afectará directamente a una de las actividades económicas más importantes del departamento, que ya enfrenta desafíos de competitividad y comercialización.

El gerente de ANIV, Fernando Galarza, señaló que esta norma en ningún momento ha sido socializada con el sector vitivinícola, sino que directamente se han enterado el pasado 3 de octubre que el proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados en una sesión confusa a las 2.00 de la madrugada sin mayoría parlamentaria, lo que generó susceptibilidad y disconformidad en el sector.

Galarza manifestó que como vitivinícolas se encuentran en estado de emergencia y han emitido un pronunciamiento rechazando la aprobación de este proyecto de ley, esto por lo que consideran que es un impuesto que golpea a este sector, reteniendo de manera injustificada 0,40 centavos de bolivianos por litro de vino y 1,30 bolivianos por litro de singani producido y comercializado.

“Esto es un golpe duro para el sector vitivinícola que viene creciendo, trabajando, generando fuentes de empleo, que utiliza insumos nacionales y se le pretende meter la mano al bolsillo para favorecer a otro sector productivo, yo creo que esto es hasta inconstitucional, porque no puedes favorecer a un sector en desmedro de otro sector productivo”, apuntó.

¿Qué van a hacer?

Galarza manifestó que han sostenido contacto con todos los eslabones de la cadena uva, vinos y singanis del sector vitivinícola, que desde el pequeño productor de uva hasta las bodegas industriales –incluso regantes-, no solamente de Tarija sino de Santa Cruz y Chuquisaca que a tiempo de expresar su rechazo, acordaron trabajar con senadores nacionales para que se exija un control constitucional para que sea rechazado en la Cámara de Senadores.

El titular de ANIV advirtió que en caso de proceder con esta norma, se viene una afectación dura, esto debido a que elevará los costos operativos del sector. “Nos dicen ‘ustedes incrementen el precio de venta’, pero si nosotros incrementamos el precio comenzamos a vender menos, entonces esta ley es un despropósito total”, dijo a tiempo de mencionar que hay una desesperación del Gobierno por ver de dónde conseguir recursos y está afectando a sectores productivos.

¿Consecuencias de la ausenciade la Brigada Parlamentaria?

Cabe señalar que ninguno de las instituciones representativas del sector vitivinícola de Tarija tenían conocimiento de dicho proyecto de ley, lo que traslada la mirada al trabajo –casi nulo-, de la Brigada Parlamentaria de Tarija, que durante todo el año ni siquiera han llevado adelante una sesión, es más, sus oficinas permanecen con llave.

“Tenemos desconocimiento total desde el sector”, fueron las palabras de José Luis Sanchez, vocero de Anavit a tiempo de referirse al contenido de esta norma que atenta los intereses de los viticultores.

“Se habla de fomento a la cadena productiva láctea para el consumo, que supuestamente es bajo, pero tampoco están viendo de qué se ha hecho desde el Estado para fortalecer al sector lácteo, pero ahora aparecen con esta propuesta que quieren atentar y golpear al sector vitivinícola, que ya tiene que pagar tres impuestos elevados”, argumentó.

Sánchez mencionó que actualmente la cadena de uvas, vinos y singanis no tiene ningún tipo de apoyo del nivel central y prácticamente “camina sola”, pero ahora pretenden aplicarle un impuesto más.

El dirigente lamentó que cada vez el sector vitivinícola sea víctima de este tipo de atropellos, recordó que con anterioridad el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) intentó a través de una resolución administrativa imponer el cobro de la comercialización de uva, es decir, uva que salía de Tarija a mercados del interior del país, debía pagar una cuta. Decisión que se intentó asumirla de manera unilateral, sin consultar al sector afectado.

¿Dónde se destinarán los recursos de la cuota retenida?

Según el Artículo 6, el 63% de los recursos recaudados por la RCIBA se destinará a fortalecer la producción primaria de leche, mientras que el 9% irá a la transformación y comercialización, el 12% a promover el consumo, y el 7% a capacitación e innovación. El resto se distribuirá entre PRO-BOLIVIA (7%) y la AEMP (2%)./El País