Bolivia entra en la recta final de su ciclo gasífero. Según los estados financieros 2024 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), las reservas de este recurso, certificadas por la consultora estadounidense Degolyer and MacNaughton, cayeron a 4 trillones de pies cúbicos (TCF), una cifra que coloca al país al borde de perder su autosuficiencia energética y lo obliga a prepararse para importar gas antes de 2028.
El dato genera preocupación, porque hasta 2013 las reservas certificadas alcanzaban 10,45 TCF. Estas cifras demuestran una pérdida neta de 5,96 TCF, equivalente a una caída del 57% en una década. Es la contracara de un modelo que apostó por la exportación sin reponer lo que salía de los pozos y que hoy, según los datos, se muestra inviable.
Estos números no provienen de una fuente extraoficial ni de analistas independientes, sino del propio balance contable de la petrolera estatal, elaborado bajo normas internacionales de auditoría, al que accedió EL DEBER. El documento detalla que la certificación consideró 65 campos hidrocarburíferos, de los cuales 45 contienen gas natural y 17 petróleo. Tres fueron descartados por falta de rentabilidad económica.
Durante años, especialistas del sector advirtieron que en algún momento el país se vería en apuros sino se desarrollaban proyectos de exploración para la búsqueda nuevas cuencas hidrocarburíferas. Las respuestas ante estas observaciones fueron el desprestigio de los profesionales y el anuncio de proyectos sobredimensionados.  
Un ejemplo claro fue el llamado “megadescubrimiento” de reservas de gas en el pozo Boyuy-X2, ubicado en el municipio de Caraparí, Tarija. El entonces ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, lo presentó como “un mar de gas”. La realidad, sin embargo, fue muy distinta: el pozo resultó un fracaso.  

El fin del ciclo gasífero

En la actualidad, Bolivia vive de campos maduros que están en declinación natural: Sábalo, San Alberto, Margarita e Itaú, que antaño fueron megayacimientos y generaron millones de dólares en exportaciones. La realidad es más cruda aún, porque los diferentes proyectos desarrollados no lograron una reposición efectiva de reservas. El resultado: el país produce 0,41 TCF por año, equivalente al 10% de su base disponible. 
A ese ritmo, sin descubrimientos relevantes, el gas boliviano tiene una década de vida útil, según los especialistas. Después de ese periodo, la producción solo alcanzaría para cubrir el mercado interno, con costos crecientes.
En los mejores años del ciclo gasífero, Bolivia llegó a exportar más de 50 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) a Brasil y Argentina. Hoy esa cifra se redujo a menos de la mitad. El impacto fiscal y cambiario es evidente: el Estado recibe menos regalías, las reservas internacionales cayeron y la escasez de divisas se volvió estructural.
El informe de YPFB consigna además que, junto con el gas, el país cuenta con 12,6 millones de barriles de petróleo, 51,1 millones de condensado, 26,7 millones de gasolina natural y 3,19 millones de GLP. Pero el problema no radica en los líquidos, sino en la base energética que sostenía la economía desde principios de siglo: el gas.
En 2014, las exportaciones de este recurso representaban el 50% de los ingresos del país. Hoy apenas superan el 20%. No hubo sustituto. La industrialización no despegó al ritmo prometido y las plantas —como la de Amoniaco y Urea o la de Gran Chaco— operan con baja carga o con paros recurrentes, pese a que las inversiones en estos complejos petroquímicos fueron millonarias.
El documento financiero menciona que la certificación de reservas fue realizada bajo los estándares del Petroleum Resources Management System (SPE-PRMS), aplicando parámetros técnicos de producción, costos e infraestructura. Es decir, los 4,49 TCF no son un cálculo pesimista, sino una estimación oficial.
El  gas, que durante casi dos décadas sostuvo el relato de la “soberanía energética”, se está agotando en silencio. No por culpa de la naturaleza, sino por la falta de exploración, planificación y reinversión.
 Y los recursos existían. Entre 2006 y 2023, según reportes oficiales, YPFB recibió más de $us 50.000 millones en ingresos acumulados por hidrocarburos. Sin embargo, la inversión exploratoria promedio anual no superó los $us 400 millones, menos de la mitad de lo necesario para sostener el nivel de reservas.

No se cuidó la nacionalización

Desde el gobierno de Luis Arce no ocultan esta situación. Tras la ruptura con Evo Morales por el liderazgo del Movimiento al Socialismo (MAS), el Ejecutivo se sumó a las críticas hacia la política hidrocarburífera aplicada durante la administración del exmandatario. 
El principal argumento esgrimido por el actual gobierno es que en ese periodo no se cuidó ni se consolidó adecuadamente la nacionalización de los hidrocarburos. El 1 de mayo de 2006, Morales promulgó un decreto supremo que activó mecanismos legales para centralizar el control de toda la cadena hidrocarburífera, otorgando además una participación mínima a las empresas operadoras.
La consecuencia fue previsible: Bolivia se volvió un país poco atractivo para las inversiones en exploración por parte de las compañías extranjeras
El propio Arce ha reconocido ese error. En marzo de 2025, el mandatario afirmó que “en 14 años el Gobierno solo se dedicó a generar los recursos y distribuirlos entre las gobernaciones, pero no se hizo inversión en exploración de nuevos pozos”. En la misma línea, agregó: “Nos comimos el gas… ese es el principal elemento que explica por qué sucede todo en nuestro país”.
Meses antes, en septiembre de 2024, Arce había sido más directo: “No se hizo trabajos de exploración, lo que llevó a una menor producción y a un menor ingreso de dólares a la economía del país”. En esa oportunidad también admitió que “la falta de descubrimientos de nuevos pozos gasíferos ha provocado que la oferta se reduzca”.
Hacia finales de ese mismo año, el presidente aseguró que su Gobierno ya estaba intentando revertir la tendencia. “Este año ya tenemos resultados… esto garantiza que vamos a tener producción de hidrocarburos a partir del año 2026. Algunos pozos pequeños ya van a empezar a producir a partir del 2025 y otros grandes a partir del 2026”, sostuvo el 23 de diciembre de 2024./EL DEBER