El diputado Carlos Alarcón (Unidad) envió cartas formales a la Contraloría General del Estado y a la Dirección General de Migración para exigir que ambas entidades cumplan la Ley 1352 de Permanencia Obligatoria, que establece que las autoridades que cesan funciones —incluidos presidente, vicepresidente, ministros, asambleístas y ejecutivos de empresas estatales— deben permanecer en territorio nacional durante tres meses tras dejar el cargo.

Alarcón alertó que el plazo para que la Contraloría remita la lista detallada de las autoridades del gobierno del MAS al director de Migración venció el pasado sábado, fecha del cambio de mando; cuando Luis Arce dejó formalmente el poder.

“Acabo de presentar una nota dirigida a la Contralora General, Nora Herminia Mamani, y otra al director general de Migración, Luis Fernando Torres. Les pido que informen al país si han cumplido su obligación. Según la Ley 1352, la Contralora debió enviar el sábado la lista completa del presidente, vicepresidente, ministros salientes, asambleístas y ejecutivos de empresas públicas, y Migración debió activar la alerta preventiva o arraigo”, explicó

En criterio del diputado, no se trata de un trámite general o simbólico, sino de una obligación con nombre, apellido y cargo específico, tal como exige la normativa vigente. “No es una nota genérica. La Contralora tenía que mandar un detalle empezando por el presidente saliente, Luis Arce Catacora, y lo propio debía hacer el director de Migración”, remarcó.

Alarcón recordó que la Ley 1352, aprobada y promulgada en octubre de 2020 cuando presidía la Asamblea Legislativa Eva Copa, se mantiene plenamente vigente y fue aplicada al gobierno transitorio de Jeanine Áñez. Por ello, dijo, debe aplicarse también al gobierno saliente de Luis Arce.

La normativa establece la permanencia obligatoria por tres meses de: Presidente y vicepresidente salientes; ministras y ministros; asambleístas nacionales; gobernadores y alcaldes; asambleístas departamentales y concejales, así como máximas autoridades ejecutivas de empresas estatales como YPFB, BoA, Emapa y otras.

El diputado advirtió que, si la Contraloría y Migración no cumplieron con sus obligaciones hasta el sábado, ambas autoridades podrían ser responsables de que exfuncionarios del MAS abandonen el país sin autorización. “Si no han cumplido esta obligación, serán los responsables de cualquier fuga. La ley es clara: quien se ausente incurre en sanción penal. Irse del país durante este periodo es un delito”, sostuvo./El Deber