El pasado 19 de enero se cumplieron 12 años de la desaparición del periodista en Tarija, un caso que, pese al paso del tiempo, los cambios de fiscales y de gobiernos, continúa sin respuestas y permanece archivado en el sistema judicial boliviano.

Cristian Mariscal fue visto por última vez la noche del 19 de enero de 2014, cuando se encontraba en la vivienda de su expareja. Desde entonces, su paradero es desconocido y la investigación se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de presunta negligencia, irregularidades e impunidad dentro del sistema judicial, según denuncian familiares, colegas y organizaciones del periodismo.

La investigación inicial incluyó peritajes a manchas de sangre halladas en el domicilio donde fue visto por última vez. Sin embargo, el proceso se vio envuelto en cuestionamientos por una extraña contaminación de la evidencia, lo que debilitó la causa. Finalmente, en 2020 el caso fue sobreseído, cerrando formalmente la investigación sin responsables ni conclusiones claras.

A lo largo de estos 12 años, la familia de Mariscal, acompañada por colegas y sectores de la prensa, realizó múltiples gestiones para lograr la reapertura del caso. En enero de 2020, solicitaron a la entonces presidenta Jeanine Áñez que se reactive la investigación y que se inicie un proceso por incumplimiento de deberes contra los exfiscales Gilbert Muñoz y Pamela Ovando, quienes estuvieron a cargo del caso en sus primeras etapas.

El caso se inició en 2014 bajo la gestión de Gilbert Muñoz como fiscal departamental y Ramiro Guerrero como Fiscal General del Estado. Posteriormente, también pasaron por el Ministerio Público autoridades como Juan Lanchipa, Sandra Gutiérrez y otros fiscales departamentales, quienes en distintos momentos se comprometieron a impulsar la investigación. Sin embargo, ninguno logró avances sustanciales, según denuncian los allegados del periodista.

En las últimas semanas, el caso volvió a la agenda pública luego de que carteles exigiendo respuestas y la reapertura de la investigación aparecieran en actos oficiales del nuevo gobierno del presidente Rodrigo Paz, recordando que la desaparición de Cristian Mariscal sigue siendo una deuda pendiente del Estado con la justicia y con la libertad de prensa.

A doce años de los hechos, la causa continúa archivada y sin responsables. Para la familia y el gremio periodístico, la desaparición de Cristian Mariscal no solo representa una tragedia personal, sino también un símbolo doloroso de un sistema judicial que no responde, de gobiernos que no asumieron un compromiso real y de una impunidad que se prolonga con el tiempo.