El proyecto de fotomultas, denominado “Tarija te cuida- Zonas seguras”, ha traído más de un dolor de cabeza al Gobierno Municipal de Cercado. Y es que son varios los sectores que observan este plan y advierten que no es legal. Sin embargo, desde la Alcaldía aseguran tener el respaldo normativo y que el proyecto no está en duda.

El rechazo ha sido expresado sobre todo por personas particulares, a través de redes sociales, que ven excesivas las multas, aunque hasta ahora no se ha aplicado ningún cobro, y por autoridades, como el diputado, Edwin Rosas, o la concejal, Raquel Ramos, quienes aseguran que no es competencia del Gobierno Municipal establecer multas de tránsito

Esteban Ortuño Casón, director de Gestión Autonómico y Desarrollo Competencial, recalcó que la solidez jurídica de dicho proyecto está garantizada y no queda sujeta a ningún tipo de discusión, pues el mismo Tribunal Constitucional Plurinacional se ha manifestado al respecto, ratificando que los gobiernos autónomos municipales tienen la competencia exclusiva para controlar y generar multas de tráfico urbano.

“Es un tema constitucional y legalmente cerrado. Referir que el Artículo 302. I. 18 otorga en favor de los gobiernos municipales la competencia exclusiva de transporte urbano, registro de propiedad automotor, ordenamiento y educación vial, administración y control del tránsito urbano, lo cual permite a los gobiernos municipales establecer mecanismos de control de semáforos o fijar y hacer cumplir el límite de velocidad en calles y avenidas, situación que también está fijada en la Ley Nacional N° 165, Ley General del Transporte, que reconoce como competencias exclusivas de los municipios el ordenamiento y control del tránsito urbano”, detalló Ortuño Casón.

Según el Gobierno Municipal, el espíritu de dicho proyecto es evitar accidentes fatales, ya que las denominadas fotomultas fueron instaladas en cinco zonas de la ciudad, donde los accidentes de tránsito registrados en pasadas gestiones dejaron personas fallecidas.

“Es pertinente hacer mención que, al ejercer el Gobierno Municipal de Tarija su competencia exclusiva de transporte urbano, registro de propiedad automotor, ordenamiento y educación vial, administración y control del tránsito urbano, se hace legalmente inaplicable el llamado Código de Transito, ley nacional de naturaleza preconstitucional, que deja de tener efectos legales cuando los municipios emiten su legislación autonómica en materia de transporte, tal y como acontece en el caso del Municipio de Tarija, criterio legal que de manera textual se halla en diferentes declaratorias y sentencias constitucionales. Entonces, se tiene todo el respaldo legal”, declaró Ortuño.

Por su parte, el jefe de Despacho de la Alcaldía, Fernando Martínez, remarcó que el proyecto de fotomultas aún está en etapa de socialización, es decir, que no se ha aplicado ningún cobro hasta el momento. Recalcó que el objetivo es reducir los accidentes de tránsito.

Control del Concejo

La concejal Raquel Ramos considera que el proyecto de fotomultas debería ser aprobado vía Concejo Municipal, a través de una ley que sancione los delitos que estén debidamente tipificados.

“El Gobierno Municipal tiene la obligación de pasar al Concejo una ley, lo cual no ha sido derivado. A través de un PIE nos han informado que el contrato que se firmó con la empresa que llevará adelante este control se firmó el 2022, pero el Concejo desconoce este contrato”, aseguró.

Ramos dijo que cada fotomulta tendrá un costo de 124 UFV, que en bolivianos es algo de 334, un monto que considera excesivo.

“Nos alarma que el Gobierno Municipal le dará prácticamente el 50% (de la fotomulta) a una empresa privada, que además es extranjera. Esa aplicación no es legal”, aseguró./El País