Tarija enfrenta una crisis silenciosa en materia de salud mental. Según el asambleísta departamental Luis Lema, el departamento concentra el mayor número de casos de atención en este ámbito a nivel nacional, duplicando a los departamentos del eje central. A esto se suman indicadores preocupantes, el consumo más elevado de bebidas alcohólicas en el país desde edades tempranas y la mayor tasa de suicidios registrada en Bolivia.

Frente a esta realidad, Lema recordó que hace un año se promulgó la Ley Departamental N° 493 de Salud Mental, normativa que tiene como objetivo establecer un sistema integral para promover la salud mental, garantizar políticas públicas basadas en derechos humanos y conformar un Comité Departamental de Salud Mental. Sin embargo, hasta la fecha, la norma no ha sido reglamentada, lo que impide su aplicación efectiva.

“Con el respeto que se merece, pedimos al gobernador Oscar Montes que reglamente esta ley. Sin reglamentarla no puede operativizarse, y es una necesidad urgente de los tarijeños, porque no puede haber desarrollo sostenible con problemas de salud mental”, manifestó.

Una realidad que preocupa

De acuerdo con datos mencionados por la autoridad, estudios muestran que en Tarija los jóvenes comienzan a consumir bebidas alcohólicas desde los 13 años, lo que incrementa los riesgos asociados a trastornos mentales y adicciones. A ello se suma la alta incidencia de suicidios, un problema que, según la ONU, forma parte de la tendencia mundial que proyecta que a partir de 2030 la salud mental será la principal causa de discapacidad en el planeta.

Lema asegura que con esta ley no se requieren ingentes cantidades de recursos, porque está orientada principalmente a la prevención y promoción.

Qué establece la Ley

La Ley Departamental N° 493 plantea lineamientos estratégicos para enfrentar la problemática: Garantizar que las políticas de salud mental se basen en el respeto y la protección de los derechos de las personas; Implementar un sistema departamental de salud mental, integrando políticas de promoción y prevención.

Además de crear un Comité Departamental de Salud Mental, con participación de instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales; Reforzar la cooperación con el sector educativo para la detección temprana de problemas en estudiantes; Impulsar campañas de sensibilización que fomenten la búsqueda de ayuda profesional, especialmente frente a los casos de suicidio.

La normativa cuenta con el respaldo del Instituto Nacional de Salud Mental (Intraid) y del Servicio Departamental de Salud (Sedes), pero su falta de reglamentación mantiene paralizada su implementación./El País