A tan solo 22 días para conocer el porcentaje de mejora salarial, los diferentes sectores involucrados hacen notar el impacto de la medida que tendrá en la economía del país.

La Central Obrera Boliviana (COB) propuso para 2025 un incremento del 15% en el salario mínimo nacional y de un 20% al haber básico. 

“Esta demanda se presenta, por un lado, como una compensación a la inflación observada el año 2024 y, por otro, como una demanda por parte de los trabajadores por mejores condiciones, pero omite una realidad económica fundamental: no se puede decretar riqueza por ley. En un país con baja productividad, altos niveles de informalidad y un mercado laboral profundamente distorsionado, subir el salario mínimo sin sustento técnico puede generar más daño que beneficio”, observó Carlos Aranda, economista del Centro de Estudios Populi.

Sostuvo que Bolivia se ubica entre los países con mayores distorsiones en el mercado laboral de América Latina, pues según el Centro de Estudios Populi, el salario mínimo nacional en 2025, de darse el incremento salarial de 15%, llegaría a los $us 431 mensuales, mientras que, el costo laboral mínimo —es decir, lo que realmente paga el empleador incluyendo beneficios sociales, aportes e indemnizaciones— se eleva a $us 565. 

“Esto significa que el empleador paga un 31% adicional sobre el salario base por cada trabajador contratado formalmente”, puntualizó Aranda.

Al respecto, el expresidente y actual vocero de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, expresó su preocupación ante el inminente anuncio del incremento salarial por parte del Gobierno, a tiempo de advertir que un aumento del 15% en el salario mínimo nacional es “insostenible” y generará “una ola de cierres de pequeñas y medianas empresas, afectando gravemente el empleo formal”.

Camacho subrayó que el sector industrial advierte que un aumento del 15% en el salario mínimo agravaría el desempleo y podría provocar una espiral inflacionaria en un país afectado por la escasez de divisas, la crisis energética y el estancamiento económico.

 “Hoy, con un salario mínimo de Bs 2.500, el costo real para el empleador se eleva a Bs 3.700, considerando cargas sociales, como: aguinaldos, vacaciones, horas extraordinarias y antigüedad”, explicó Camacho.

Agregó que un incremento de Bs 500 bolivianos, que sería ese 15%, llevaría el salario mínimo a Bs 3.000, lo cual —según el empresario— muchos sectores no podrán sostener.

Camacho afirmó que el país atraviesa una “crisis de gemelos”: una crisis económica reflejada en un crecimiento proyectado de apenas 2,1% para 2024 —frente al 3,2% de 2023— y una crisis energética marcada por la escasez de combustibles y largas filas para abastecerse.

Además, alertó sobre el incremento del tipo de cambio paralelo, que ya supera los Bs 11 por dólar, frente al tipo de cambio oficial de Bs 6,96. Esto ha deteriorado la competitividad de las industrias, que dependen de importaciones para producir.

Para el economista, Germán Molina, la actual coyuntura económica, “como pocas veces”, necesita de un acuerdo tripartito, donde el empresariado puede hacer conocer su realidad.

“Bolivia necesita de un gran acuerdo y no solo avances sectoriales, es cierto que la inflación está golpeando con mucha fuerza al bolsillo de las personas, pero también es cierto que las empresas tienen graves problemas de liquidez, por eso se deben tomar en cuenta todos los factores antes de determinar una medida de alto impacto como es el incremento salarial”, enfatizó Molina.

¿Negociación tripartita?

Las negociaciones por el tema salarial, entre el Gobierno y la COB, ya comenzaron el 5 de abril sin la presencia de los empresarios. Ante esta situación, el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, dijo que se buscará una mesa de diálogo tripartita con los empresarios privados para definir el incremento salarial; resaltó que en este contexto difícil se debe priorizar la estabilidad laboral.

Huarachi indicó que una mesa de diálogo es posible, pero dejó claro que “lo primero es lo primero, velar el estómago del pueblo boliviano, velar el bolsillo del pueblo boliviano, velar también por la estabilidad de los trabajadores”.

“El Gobierno también se ha reunido con los empresarios para tocar el tema del incremento salarial. Entonces, creo que este año que es mucho más difícil debemos trabajar de manera conjunta, con propuestas, con planteamientos que busquen soluciones a esta situación crítica que vive nuestro país en el tema económico”, resaltó Huarachi.

Al respecto, Camacho lamentó que, hasta la fecha, no se haya convocado a una reunión tripartita entre empresarios, trabajadores y Gobierno.

“Este diálogo debió comenzar en enero. No puede ser que lleguemos a una instancia donde la decisión ya esté tomada, y solo se nos convoque para una foto”, criticó.

También cuestionó el rol de la COB, promotora del incremento salarial de hasta un 20%, y les pidió “la misma energía con la que exigen aumentos” para luchar contra el contrabando, defender la producción nacional y promover el consumo de lo hecho en Bolivia.

“Hoy no es momento de priorizar la ideología sobre la economía. Es momento de preservar empleos y fortalecer la industria. Un incremento salarial irresponsable podría ser el error que termine de asfixiar al sector productivo formal, criticó Camacho.

Aranda precisó que las decisiones de política pública deben basarse en evidencia, por lo que recordó que, en 2019, Manuel Urquidi y coautores evaluaron, con técnicas econométricas rigurosas, los efectos del aumento del 20% aplicado en 2013.

Sus resultados son contundentes: más de 45.800 trabajadores salieron del empleo formal y pasaron a la informalidad; el desempleo entre los trabajadores más productivos subió de 4,49% a 4,80%; y el tiempo promedio de desempleo aumentó en más del 5%.

Además, el salario medio formal cayó 1,5%, y las vacantes formales se redujeron, afectando sobre todo a quienes tienen mayor calificación.

“Subir el salario mínimo sin atender estos efectos puede terminar excluyendo aún más a los trabajadores del mercado formal y reduciendo el bienestar general. La política salarial debe mirar hacia adelante, pero también aprender del pasado, más aún en un entorno de bajo crecimiento y con las empresas ya golpeadas por el encarecimiento de insumos para la producción debido a la escasez de divisas”, enfatizó Aranda./El Deber