El último informe publicado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) sobre las principales variables del sistema financiero boliviano a octubre de 2025 revela cifras récord de utilidades y liquidez, en contraste con la crisis sistémica que afecta a personas y empresas en todo el país.

Las utilidades del sistema financiero a octubre del presente año alcanzan a Bs. 2.592 millones, superando en más del 45% las registradas en el mismo período de 2024 (Bs. 1.781 millones). Paralelamente, los activos líquidos llegaron a Bs. 78.387 millones, con un ratio de liquidez del 65,9%, lo que representa aproximadamente el 24% del PIB nacional, que el Ministerio de Economía estimó que en 2024 alcanzó USD 46.967, y que equivale aproximadamente a Bs. 324.000 millones.

Esta información se conoce mientras deudores de créditos de vivienda social y propietarios de pequeñas y medianas empresas esperan que el nuevo gobierno ponga en vigencia sin más demoras la Ley 1670 de Diferimiento de Créditos, aprobada en la Asamblea Legislativa Plurinacional y promulgada el 5 de noviembre de 2025, poco antes de concluir el mandato del ex presidente Luis Arce Catacora.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, determinó hace unos días que la ley queda en suspenso, pese a estar reglamentada, hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre las medidas cautelares presentadas por las entidades del sistema financiero, que cuestionan el procedimiento legislativo seguido para su aprobación.

“Nosotros nos vamos a ajustar a lo que diga el procedimiento si esa acción de medidas cautelares resulta procedente lo vamos a respetar. Vamos a esperar lo que diga la justicia respecto al procedimiento y haber como se va a gestionar ese mal procedimiento Legislativo”, sostuvo Espinoza.

La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) ha expresado su “profunda preocupación” ante la ley, advirtiendo que comprometería la estabilidad del sistema financiero. Los representantes de la banca boliviana alegan que la aplicación de esa norma les impedirá otorgar nuevos créditos, versión que, según los últimos datos oficiales sobre liquidez récord y utilidades históricas, carece de sustento.

Los promotores y afectados temen que la incertidumbre en el Tribunal Constitucional, al tener cinco vacantes, y solo cuatro puestos cubiertos, que pueden ser más vulnerables, haga que la demora acabe por sepultar sus negocios o perder sus viviendas por la falta de voluntad del Gobierno entrante.

El vínculo entre bancos y fondos de pensiones

De acuerdo con una investigación periodística de este medio, basada en análisis de Estados Financieros y reportes oficiales de la ASFI, sistematizados para el periodo 2009-2024 en 15 bancos del país, el patrimonio neto de estas entidades pasó de 884,7 millones de dólares en 2009 a 3.400,6 millones de dólares en 2024, multiplicándose por 3,8 veces en quince años.

En el mismo periodo, el monto de los fondos de pensiones invertidos en bancos saltó de 656 millones de dólares a 14.605 millones de dólares, más de 22 veces. Este crecimiento está estrechamente vinculado a préstamos de los fondos de pensiones antes administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (hasta 2023) y ahora por la Gestora Pública.

El Fondo de Pensiones experimentó un crecimiento significativo: de aproximadamente 4.455 millones de dólares en 2009 a casi 27.700 millones de dólares en 2024. Más de la mitad de ese dinero, el 52,7% en el último año, se encuentra colocado en bancos, consolidando lo que especialistas describen como una “simbiosis” entre el ahorro de los trabajadores y el capital financiero.

Los bancos más grandes como Mercantil Santa Cruz, Nacional de Bolivia y Bisa concentran la mayor inversión del Fondo de Pensiones. Al cierre de 2024, el Mercantil tenía más de 2.105 millones de dólares de la cartera de inversiones de la Gestora, el BNB más de 1.712 millones de dólares, y el Bisa alrededor de 1.329 millones de dólares.

La presión contra el diferimiento

En medio de esta bonanza financiera reflejada en los Estados Financieros en medio de la crisis social, los bancos presionan intensamente para que la Ley de diferimiento de créditos no se ponga en vigencia. Frente a esta situación, la analista financiera Edith Gálvez plantea una propuesta contundente: “Ya que la banca no quiere aceptar el diferimiento, y eso significa que ejecutarán hipotecas a vivienda social, entonces que devuelvan a la Gestora Pública las inversiones de los fondos de pensiones, y que ésta a su vez devuelva esos recursos a los aportantes para que puedan pagar sus créditos”.

Gálvez pone en evidencia la paradoja del sistema: los bancos se han capitalizado masivamente con los ahorros de los trabajadores bolivianos a través del sistema de pensiones —multiplicando su patrimonio por 3,8 veces en 15 años— pero se resisten a otorgar un alivio temporal de seis meses a esos mismos trabajadores cuando enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias en medio de una crisis económica nacional.

La cartera

El informe de la ASFI también da cuenta del crecimiento en la cartera de créditos otorgados sumando un volumen de 139.760 millones de bolivianos a octubre de 2025, que ya es más que lo otorgado en global en 2024.

De este volumen, el 48,21% está entregado al sector productivo; solo un 13,2% a la vivienda de interés social y el 38,6% al resto de la cartera, normalmente de consumo./El País