A poco más de un mes de la posesión del nuevo Gobierno, la subvención a los carburantes en Bolivia ha ingresado a un punto crítico de debate técnico y social, marcada por su elevado costo fiscal y el retorno del desabastecimiento en algunas estaciones de servicio del país. El tema ha generado posiciones encontradas, incluso al interior del sector del autotransporte, donde conviven posturas que van desde el levantamiento gradual del subsidio hasta su defensa irrestricta.

Desde el Órgano Ejecutivo se ha reconocido que el actual esquema de subvención resulta insostenible. De acuerdo con datos oficiales, este beneficio representa hasta un 8% del Producto Interno Bruto (PIB).

El Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 destinó inicialmente 15.156 millones de bolivianos —equivalentes a aproximadamente 2.177 millones de dólares— para la subvención de carburantes e insumos asociados. Sin embargo, para el mes de octubre el Gobierno informó que ya se habían ejecutado cerca de 14.000 millones de bolivianos, lo que equivale al 92,3% del presupuesto anual, cuando aún restaban meses para cerrar la gestión.

Ante este escenario, el Ejecutivo anunció el diseño de una metodología técnica orientada a una eliminación gradual y focalizada del subsidio, con la mirada puesta en implementar ajustes estructurales a partir de 2026. El objetivo, según las autoridades, es reducir la denominada “subvención ciega” y avanzar hacia mecanismos más eficientes que protejan a los sectores vulnerables, sin provocar un impacto inflacionario inmediato en la economía.

El sector transporte

En el sector del autotransporte, las posiciones siguen siendo divergentes. La mayoría de las confederaciones de choferes, tanto del transporte libre como del federado, rechazan el levantamiento de la subvención y advierten que una medida de ese tipo podría disparar el costo de los pasajes urbanos, que en ciudades como La Paz podría superar los 7 bolivianos.

No obstante, mientras algunos sectores del transporte exigen mantener el beneficio para evitar conflictos sociales, el transporte pesado ha comenzado a plantear la posibilidad de un levantamiento gradual del subsidio, siempre y cuando se garantice el abastecimiento oportuno y continuo de diésel para el desarrollo de sus actividades.

El ejecutivo de la Federación del Autotransporte 15 de Abril, Gabriel Pérez, señaló que pretender aplicar desde ahora un levantamiento gradual de la subvención podría detonar un conflicto social hacia fin de año, con efectos directos en el encarecimiento de los productos de la canasta básica.

“Y como está el país, como está nuestra economía, hemos dicho que todavía esperemos un poco para irlo viendo. Si se sube el precio de los carburantes o se lo aplica gradualmente, la postura del sector del transporte es que, por ahora, no se suspenda la subvención”, sostuvo el dirigente.

Pérez reconoció que el debate es inevitable, pero consideró que debe abordarse más adelante a través de mesas de trabajo, con el fin de alcanzar una decisión consensuada que brinde soluciones al transporte sin paralizar servicios ni provocar el retorno de largas filas en los surtidores, garantizando al mismo tiempo el abastecimiento de combustibles.

El dirigente también admitió que en los últimos días se ha registrado nuevamente la formación de filas en estaciones de servicio de los departamentos del eje central, principalmente por la falta de diésel. No obstante, aseguró que en el caso de Tarija el suministro se encuentra totalmente garantizado.

Desde el nivel nacional, el ejecutivo de la Confederación Nacional de Choferes, Lucio Gómez, afirmó que el Presidente aún no debe eliminar la subvención y adelantó que el sector no permitirá una medida de ese tipo, según declaraciones recogidas por el medio Urgente.bo.

En la misma línea, el dirigente Víctor Tarqui manifestó que este no es el momento adecuado para levantar la subvención de los carburantes. “Sabe el mandatario, primero hay que estabilizar el país; tocar la subvención ahora no es posible”, afirmó.

En contraste, el dirigente nacional del transporte pesado, Juan Yujra, calificó a la subvención del combustible como un “cáncer” para la economía nacional, al considerar que es la principal causa del contrabando. En ese marco, pidió al Presidente la eliminación de este beneficio estatal.

Encarecimiento
El Ejecutivo plantea eliminar la “subvención ciega”, sectores del autotransporte exigen mantener el beneficio para evitar el encarecimiento del costo de vida.

La propuesta de otros sectores sociales y privados

Desde otros sectores, la Asociación de Comercializadores Privados de Hidrocarburos (Asosur) y representantes del sector industrial sostienen que la subvención constituye la causa estructural de la escasez de combustibles, al impedir que el Estado cuente con las divisas necesarias para importar diésel y gasolina. En ese contexto, demandan una “sinceración” de precios que permita normalizar el suministro en el mercado interno.

Algunas voces del ámbito productivo plantean, además, un esquema diferenciado, en el que grandes agroindustriales y empresas mineras —con mayor capacidad económica— adquieran combustible a precio internacional, manteniendo la subvención únicamente para pequeños productores y el transporte público./El País