Tras una jornada frenética que mantuvo en vilo al sistema judicial boliviano, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) cerró la noche de este martes con un giro decisivo: el cese inmediato de los cinco magistrados autoprorrogados —Gonzalo Hurtado Zamorano, René Yván Espada, Isidora Jiménez Castro, Julia Elizabeth Cornejo y Karem Lorena Gallardo— y la emisión de órdenes de aprehensión en su contra.

El episodio marcó el fin de una de las controversias institucionales más prolongadas de los últimos años y abrió paso a una nueva etapa con la designación de Paola Prudencio Candia como presidenta del TCP, elegida en sesión extraordinaria por los magistrados electos.

La debacle del TCP

El Tribunal Constitucional Plurinacional está conformado por nueve magistrados titulares. Sin embargo, desde enero de 2024 la institución funcionaba con una composición cuestionada: convivían cuatro magistrados electos en 2024 y otros cinco que continuaron en funciones gracias a una figura de “autoprórroga”, pese a tener su mandato vencido.

Los magistrados elegidos en 2017 concluyeron su periodo el 2 de enero de 2024, pero al no haberse convocado oportunamente a elecciones judiciales —por la falta de acuerdos políticos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)— aprobaron el Auto Constitucional 0418/2023, que les permitía permanecer en sus cargos hasta que sus sucesores fueran elegidos.

Alegaron un “vacío de poder”, pero la decisión fue rechazada por múltiples sectores sociales, constitucionalistas y actores políticos, que la calificaron de inconstitucional.

¿Quiénes se autoprorrogaron? El grupo de magistrados que prolongó su mandato más allá del periodo legal estaba integrado por: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano (Beni); René Yván Espada Navía (Pando); Karem Lorena Gallardo Sejas (Cochabamba); Isidora Jiménez Castro (Santa Cruz); y Julia Elizabeth Cornejo Gallardo (Tarija).

En contrapartida, las elecciones judiciales realizadas en diciembre de 2024 dieron lugar a nuevas autoridades, quienes asumieron a inicios de 2025: Ángel Edson Dávalos, Amalia Laura Villca, Boris Wilson Arias y Paola Verónica Prudencio Candia.

Las causas de la autoprorroga

El origen del conflicto se remonta a la incapacidad de la ALP para llevar adelante el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales de 2024. La falta de consensos políticos, especialmente dentro del propio Movimiento al Socialismo (MAS), derivó en bloqueos y demoras que imposibilitaron cumplir los plazos legales.

En ese escenario, los magistrados del TCP emitieron la Declaración Constitucional 0049/2023, mediante la cual extendieron los mandatos de todas las altas autoridades judiciales, incluyendo el suyo propio. La medida fue cuestionada por juristas que advirtieron un conflicto de intereses, pues los beneficiarios eran los mismos que emitían la resolución.

La prórroga se dio también en un contexto de creciente crisis institucional y debilitamiento de la independencia judicial. Varios sectores denunciaron que la falta de renovación de autoridades perpetuaba la crisis del sistema de justicia y vulneraba el orden democrático.

El desenlace: una salida anticipada

La mañana de este martes, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí emitió una sentencia que ordenaba el cese inmediato de los cinco magistrados autoprorrogados del TCP. La medida incluía además la suspensión de sus salarios y la instrucción de que personal administrativo los escolte para el abandono de sus oficinas.

La decisión dejó sin efecto el Auto Constitucional Plurinacional 0087/2025-O, aprobado por los propios magistrados prorrogados, que fijaba su salida recién a diez días de emitida la resolución.

Seguido a esto, el abogado Oliver Coronado confirmó que se dictaron mandamientos de aprehensión contra cuatro de los magistrados que se mantuvieron en funciones pese al vencimiento de su mandato: Julia Elizabeth Cornejo, René Yván Espada, Karem Gallardo y Gonzalo Miguel Hurtado.

A ello se sumaron cinco alertas migratorias emitidas para evitar que las exautoridades abandonen el país mientras avanzan los procesos legales que investigan su permanencia irregular en el cargo.

Reconfiguración interna

Con el fallo ejecutoriado y la salida efectiva de los magistrados prorrogados, en horas de la tarde el TCP anunció la realización de una sesión extraordinaria de Sala Plena, convocada por los magistrados electos. Ya por la noche, la institución comunicó oficialmente que la magistrada Paola Verónica Prudencio Candia fue elegida como presidenta del TCP, en reemplazo de Gonzalo Hurtado.

Su designación marca el inicio de un nuevo ciclo dentro del TCP, tras más de un año de tensiones, incertidumbre institucional y cuestionamientos sobre la legalidad del funcionamiento del máximo intérprete de la Constitución.

La reciente electa presidente del TCP, mencionó que en este último tiempo una sombra de incertidumbre, desconfianza y zozobra se ha posado sobre esta institución y fueron testigos de una de las páginas más oscuras en la historia de la justicia del país.

“Esta anomalía, esa ruptura del pacto social termina hoy, comparecemos ante la nación para anunciar que en estricto cumplimiento de la CPE se ha reestablecido la legalidad e institucionalidad en el TCP. Hoy el tiempo de la autoprórroga ha concluido, la CPE es sabía y establece límites temporales al poder para evitar la tiranía”, enfatizó Prudencio a tiempo de cuestionar a las autoridades prorrogadas que incluso amenazaban a jueces.

Prudencio afirmó que no van a permitir que la justicia se detenga, por ello determinaron la confirmación de salas, la Comisión de Admisión, la transmisión pública de sorteos de expedientes, la unificación jurisprudencial y acumulación de expedientes para reducir la carga procesal, el tratamiento de los reglamentos de funcionamiento de sala plena, entre otras./El País